El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) presentó compulsa de copias ante la Contraloría General de la República por las posibles irregularidades detectadas en un crédito preferencial de 400 millones de pesos otorgado a Juan José Lafaurie Cabal, hijo del empresario Juan José Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal.
El joven empresario había accedido al beneficio en calidad de “pequeño productor” y recibió un subsidio estatal de casi 95 millones de pesos, casi una cuarta parte del monto total, según reveló el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio W.
Desde la entidad agraria esperan respuesta de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario para determinar la responsabilidad del hijo del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y de la senadora del partido Centro Democrático.
Detalles de la investigación de Finagro
Según la auditoria externa realizada por Finagro, y revelada por el comunicador colombiano, se constató que la estructura financiera del proyecto permitió a la familia Lafaurie Cabal acceder a un crédito por 400 millones de pesos, de los cuales 95.273.700 pesos provinieron del subsidio de Incentivo de Capacitación Rural (ICR).
Este beneficio, pagado por el Estado colombiano, tiene como requisito que el solicitante sea considerado pequeño productor, una condición actualmente bajo cuestionamiento por parte de los auditores de Finagro
Para obtener el beneficio, el Fondo Agropecuario de Garantías cubrió el 80% del saldo como fiador, cifra que permite dimensionar la protección estatal en la operación.
El informe externo, citado por Daniel Coronell, revela que en la revisión sobre la titularidad del terreno usado como respaldo para el crédito, se detectó “una diferencia entre el titular registral del inmueble y el comodato del contrato aportado, lo cual constituye un hallazgo documental que debe aclararse”.
Es decir, la documentación presentada acreditaba que el terreno era propiedad de Lafaurie Cabal, pero la auditoría encontró que pertenece a una sociedad de su madre y hermanos. Cuando intentó subsanar la observación, presentó un contrato de comodato que tampoco resultó válido: la sociedad que lo firmó no era la dueña del predio, sino una persona jurídica distinta llamada Lafaurie Cabal S. en C., según el informe de Finagro.
El análisis de la auditoría también puso en duda la congruencia financiera del proyecto, dado que el ciclo productivo de la palma es significativamente más largo que los tres años de plazo otorgado para el crédito. De acuerdo al documento, esta desincronización haría inviable el pago con las utilidades esperadas del cultivo, incluso considerando los ingresos avalados por una alta funcionaria de Fedegán como contadora.
“El plazo del crédito de tres años no es coherente con el ciclo productivo de la palma de aceite y genera un descalce entre el flujo del proyecto y el servicio de la deuda, sin que el ICR pueda considerarse fuente de pago”, expresó Finagro en la auditoria revelada por la cadena radial mencionada.
El documento tampoco era gratuito como se declaró. El acuerdo establecía un pago del 20% de las utilidades eventuales y que el 100% de las mejoras —incluido el cultivo de palma de aceite— quedaran en propiedad de la familia.
Esto contradice los requisitos para el perfil de pequeño productor y apunta a que los beneficiarios reales de los incentivos son sociedades de mayor tamaño ligadas a la familia Lafaurie, según los hallazgos consignados en el informe auditado por Finagro.
La operación fue estructurada por la firma Open Loans, cuyo propietario es el economista Indalecio Dangond, asesor en temas agropecuarios de diversas campañas políticas.
Una fuente interna de la empresa, consultada por Caracol Radio, manifestó que tras una evaluación asistida por inteligencia artificial no encontraron anomalías en la documentación gestionada, y atribuyeron toda explicación pendiente a la instancia rectora de Finagro.
Igualmente, la documentación entregada por Juan José Lafaurie Cabal al banco Serfinanza para acceder al crédito incluyó un documento que, según la auditoría, “acredita una falsedad” en la propiedad del terreno.
Por este caso, Juan José Lafaurie ha calificado las acusaciones en su contra como “injuriosas y calumniosas” y enfatizó que corresponde exclusivamente a la administración de justicia determinar cualquier posible responsabilidad sobre el caso en particular.
A su vez, insistió en que la filtración de los datos vinculada al periodista Daniel Coronell podría haber violado la confidencialidad de la información crediticia.
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