Las declaraciones de la periodista Cecilia Orozco sobre el ambiente interno del gobierno de Gustavo Petro abrieron un nuevo episodio en el debate público sobre la gestión y el tratamiento de la corrupción en la administración nacional.
Orozco cuestionó la cobertura de algunos medios de comunicación tras las polémicas declaraciones de la exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, quien denunció presuntas irregularidades en el Ejecutivo, salpicando a Juliana Guerrero y al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.
Por lo anterior, Orozco señaló: “No conozco otro caso de autodestrucción tan intensa como la del gobierno Petro. Cada funcionario que es removido del cargo, no lo deja con dignidad sino que sale directo a buscar el medio vertedero de odios, para despotricar de los demás. Insólito”.
Las palabras de la periodista generaron repercusión en redes sociales, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a emitir una respuesta en X.
El mandatario sostuvo que Orozco identificó una dinámica inédita en el país: “Lo que nota la periodista Cecilia Orozco con acierto, que no sucedía antes en los gobiernos anteriores, es que la falta de lealtad en muchos funcionarios que salen de la administración y van a la prensa a atacar al gobierno, es que salen por investigaciones que se realizan de control y no permiten asegurar transparencia en sus actuaciones”.
Petro argumentó que, a diferencia de lo que ocurría en otras administraciones, los funcionarios retirados bajo su mandato no permanecen en sus cargos si existen sospechas de corrupción.
“A diferencia de los pasados gobiernos que se tapaban con la misma cobija de la corrupción jefes y empleados subalternos, aquí no. Aquí se va el que tenga hechos sospechosos de corrupción”, afirmó el presidente, defendiendo el proceso de depuración dentro del gobierno.
El jefe de Estado sugirió que las denuncias y declaraciones de algunos exfuncionarios, difundidas a través de medios tradicionales, responden a resentimientos personales tras su salida.
“Por eso aparece algo que no sucedía: el uso de la prensa tradicional para vengarse del gobierno que les dio la mano pero que no permite corrupción”, explicó Petro. Citó el caso de Álvaro Leyva y los contratos con los hermanos Bautista como ejemplo de una investigación en curso por el tema de los pasaportes y de las consecuencias para quienes, según el mandatario, no cumplen con estándares de transparencia.
Escándalo en la Casa de Nariño: denuncias cruzadas y crisis de gobernabilidad
Las declaraciones de Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo de Adaptación, en Revista Semana generaron una crisis interna en el Gobierno.
Rodríguez, quien ocupó un cargo central en la Presidencia como mano derecha de Gustavo Petro, denunció ante los medios amenazas contra su integridad, acusaciones de corrupción y la existencia de una red delictiva al interior del Ejecutivo, advirtiendo también sobre posibles irregularidades que pondrían en riesgo un billón de pesos de recursos públicos.
En respuesta, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, acusó a Rodríguez de conductas delictivas, creando un ambiente de desconfianza y señalamiento mutuo entre funcionarios de alto nivel.
El presidente Gustavo Petro, conocido por su presencia constante en redes sociales, optó por el silencio en los primeros días tras las declaraciones de Rodríguez. Solo rompió la reserva para asegurar que “ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”. Petro defendió su privacidad, pero evitó referirse al fondo de las acusaciones.
Mientras tanto, integrantes del Gobierno y del Pacto Histórico desmintieron las denuncias y lanzaron nuevas acusaciones contra la exfuncionaria. Todos los implicados continúan en sus cargos, alimentando la percepción de falta de control y liderazgo en la administración.
El caso evidenció profundas fracturas internas y un ambiente laboral deteriorado, mientras crecen los cuestionamientos sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar las constantes denuncias de corrupción y restablecer la confianza pública.
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