Un nuevo decreto del Ministerio de Trabajo ordenó el traslado de billonarios recursos de los fondos privados a Colpensiones, medida que afecta a miles de afiliados y pensionados en Colombia. El presidente del fondo público, Jaime Dussán, advirtió que, si las administradoras de fondos de pensiones (AFP) no cumplen, se activarán mecanismos judiciales para exigir el traspaso, en uno de los mayores movimientos de recursos que vive el sistema pensional del país.
Y es que el decreto establece que los fondos privados transfieran alrededor de 25 billones a Colpensiones, con lo que se utilicen títulos y valores en vez de efectivo. Más de 22.000 pensionados tendrán hasta 15 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto para que la AFP haga los giros. Unos 19.000 trabajadores que aún no se pensionaron recibirán el traslado de los ahorros en dos etapas: la mitad en los primeros 20 días y el resto 10 días después.
Ventana de oportunidad
La denominada “ventana de oportunidad”, abierta hasta el 16 de julio de 2026, representa una opción concreta para quienes buscan fortalecer su respaldo en el régimen público de pensiones.
Según el Ministerio de Trabajo, la normativa define lineamientos tanto para la administración de los recursos como para la colaboración entre los fondos privados y el sector público. El texto oficial indica que las AFP no deben transferir recursos en efectivo, sino por medio de instrumentos del sector financiero debidamente endosados a favor de Colpensiones.
Dussán dijo a Minuto60 que “primero que hay que cumplir el decreto. Es un decreto expedido por el Gobierno nacional que le posibilita a los fondos privados de pensiones no sacar los recursos en efectivo, sino hacerlo con los papeles que tienen en el sector financiero, endosarlos y pagarle a Colpensiones”.
Enfatizó que el decreto es obligatorio. Por eso, insistió en que no es un debate de interpretación, sino que es un tema de cumplimiento. “Hay un decreto vigente que ordena el traslado de $25 billones y esos recursos no son de los fondos privados, pertenecen a personas que hoy están en Colpensiones y a quienes ya les estamos pagando su pensión”.
Embargos a los fondos privados
Asimismo, el presidente de Colpensiones detalló las posibles acciones estatales si los fondos privados no cumplen con la disposición oficial. Sobre eventuales pasos judiciales, Dussán apuntó que “si no cumplen el decreto, los mecanismos señalan sencillamente que mediante un mecanismo judicial entreguen los dineros”. Al preguntársele sobre la opción de embargos, resaltó el papel de la Superintendencia Financiera. “Pues es que si no cumple la norma, le corresponde a la Superintendencia Financiera actuar conforme la ley y esta dice que si no se paga y los recursos están ahí, sencillamente hay que traerlo mediante un mecanismo judicial”.
Respecto a si Colpensiones ejecutaría embargos, Dussán insistió en que si no cumplen la norma, le corresponde a la Superintendencia Financiera actuar conforme a la ley”.
Además, expuso que “estamos hablando de $25 billones frente a más de $500 billones que administran los fondos privados. Por eso creemos que esta discusión se ha sobredimensionado. Aquí lo que corresponde es cumplir y garantizarle a la gente que sus recursos están donde deben estar”, afirmó el funcionario al medio.
Incremento en traslados y la visión de Colpensiones
La magnitud de los traslados no es nueva. El propio presidente de Colpensiones compartió una cifras del sistema actual. “La gente se sigue trasladando. Tiene tiempo hasta el 16 de julio de este año y vamos a lograr, yo creo, una porción muy grande, como el año pasado logramos casi $16 billones por la gente que se pasó de los fondos privados y ellos nos pasaron la plata. Lo que pasa es que ahora se acumuló un poquito más”.
Dussán insistió en que los ahorros pertenecen a los trabajadores y deben acompañar sus decisiones. “Nosotros nos preocupamos por lo nuestro primero y segundo, la gente se sigue trasladando”, añadió.
Así las cosas, el debate va más allá de lo financiero. Según el Ministerio de Trabajo, mientras los fondos privados consideran alternativas legales para resistir la nueva normativa, Colpensiones está lista para reclamar judicialmente los recursos.
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