Hay preocupación en el noroeste de Colombia, después de que se conocieran imágenes de lo que sería un campo de explotación minera a plena vista del Ejército Nacional en el municipio de Caucasia, Antioquia.
De hecho, un reciente artículo publicado por The New York Times, dejó ver que el campo de minería ilegal de oro estaría ubicado en terrenos que, en teoría, harían parte de una unidad militar.
En una reciente visita a la zona de La Mandinga, quedó expuesta la magnitud del problema: la actividad minera se extendía desde el área controlada por el Clan del Golfo hasta el propio perímetro de una base del Ejército colombiano.
Las imágenes captadas por un dron confirmaron lo que algunos trabajadores ya habían dicho: el trabajo de extracción de oro se realizaría directamente dentro de la base militar donde opera el Batallón de Rifles 31.
Según las imágenes compartidas por el diario estadounidense, no se apreciaba ningún vallado que separara la zona militar de la mina, lo que facilitaría la expansión de la operación ilícita hasta las inmediaciones de la piscina y otras instalaciones del cuartel.
Ante las denuncias, el comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, negó en principio cualquier actividad minera dentro de la base. Sin embargo, tras una inspección conjunta, el ruido de los generadores y la presencia de maquinaria en pleno funcionamiento evidenciaron lo contrario. Frente a la escena, el propio Echeverry reconoció al medio extranjero: “Esto es dentro de la base”.
Incluso, el jefe de la base militar ordenó un despliegue inmediato para retirar a los mineros ilegales de la zona, lo que generó un momento de tensión entre los uniformados y los invasores de los terrenos estatales.
Según información divulgada por The New York Times, algunos insultaron a los soldados y continuaron su labor. Otros amenazaron con violencia y, en un momento de tensión, uno de ellos arrojó gasolina hacia el grupo de uniformados y periodistas, gritando: “¡Nos vamos a quemar todos!”.
Acciones militares y resistencia de los mineros
Ante la negativa de los mineros a retirarse, los soldados intervinieron con fuerza. Utilizaron gasolina para incendiar parte del equipo utilizado en la extracción y cortaron mangueras con sierras mecánicas. Los mineros intentaron rescatar su maquinaria y apagar las llamas con cubos de agua lodosa, mientras algunos blandían machetes o lanzaban piedras.
Durante el operativo, los trabajadores defendieron su derecho a extraer oro en la zona, argumentando que pagaban al Clan del Golfo, principal grupo criminal de la región, para operar en La Mandinga. Para muchos de ellos, ese permiso informal parecía extenderse incluso a terrenos militares.
La intervención en la base dejó al descubierto la debilidad institucional para frenar la minería ilegal. El propio coronel Echeverry, responsable de unos 800 hombres encargados de combatir a grupos armados como el Clan del Golfo, admitió al diario extranjero haberse sorprendido ante la evidencia y prometió medidas contra la actividad ilícita en su jurisdicción.
En la práctica, la minería ilegal en La Mandinga financia a organizaciones criminales y contribuye a perpetuar su control territorial. Parte del oro extraído en la zona logra llegar hasta mercados internacionales, incluyendo la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pese a las leyes que restringen la compra de metales solo a los producidos en territorio estadounidense.
Entretanto, los mineros ilegales, pese a haber perdido parte de la maquinaria y herramientas para continuar con su labor, aseguraron que regresarán a la zona alegando pagar buenas sumas de dinero al Clan del Golfo, lo que les garantizaría protección ante intervenciones militares.
Sin embargo, desde el Gobierno nacional aseguraron que mantendrán la vigilancia constante en la zona para evitar nuevas agrupamientos de mineros ilegales en la zona aledaña a la unidad militar.
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