
La sostenibilidad del sistema de pensiones en Colombia enfrenta un desafío central ante el aumento sostenido de la esperanza de vida.
Mientras la mayoría de los países de la Ocde han elevado o proyectan aumentar la edad de jubilación hasta los 65 años, con miras incluso a los 70 años, líderes gremiales y expertos en el Congreso de Asofondos insisten en la urgente necesidad de que Colombia armonice sus parámetros para evitar un desbalance estructural cada vez mayor y garantizar ingresos suficientes para los futuros retirados.
En la actualidad, la brecha entre mujeres y hombres en el sistema pensional colombiano multiplica los desafíos financieros del país.
Tal como detalló Juan David Correa, presidente de Protección, “hoy en Colombia ya estamos en 77 años en promedio —74 los hombres y 80 las mujeres— y eso nos obliga a incorporar ese desafío en los sistemas pensionales”, dijo Correa en su intervención.
Así mismo, explicó además que, internacionalmente, la tendencia es a unificar la edad de retiro para ambos géneros, cerrando así una brecha de ahorro de una década: “En Colombia las mujeres viven cinco años más, pero ahorran cinco años menos, lo que genera una brecha cercana a 10 años”.

La política de pensiones de los países de la Ocde apunta a un ajuste progresivo y generalizado de la edad mínima de retiro.
Actualmente, varias de estas naciones ya han situado su umbral en los 65 años, y proyecciones recientes anticipan un movimiento hacia los 70 años.
La razón fundamental es el envejecimiento de la población y el consecuente incremento de los años durante los cuales los sistemas deben sostener el pago de prestaciones.
En contraste, Colombia mantiene edades de retiro inferiores a ese promedio y enfrenta, además, bajas tasas de cobertura y altos niveles de informalidad.
De acuerdo con Oscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cerca de 25 millones de colombianos están vinculados al sistema, pero solo 15 millones cotizan de manera irregular y no alcanzan la continuidad necesaria.
Becerra puntualizó en el foro El futuro del sistema pensional en Colombia que “la reforma pensional debe considerar aumentar la edad de jubilación, idealmente a 65 años para ambos géneros”.

La ampliación de la cobertura social sí representa un potencial beneficio, aunque los desafíos de implementación, informalidad y transición operativa siguen vigentes.
Hoy un hombre que desee pensionarse en Colpensiones debe haber cotizado 1.300 semanas, mientras que una mujer necesita sumar 1.250 semanas. En los fondos privados, los requisitos se reducen a 1.150 y 1.135 semanas respectivamente.
Existe, no obstante, una alternativa basada en la acumulación de capital: en estos casos no se exige cumplir ni la edad ni las semanas mínimas, siempre que se alcance el monto necesario para financiar la pensión, como explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos. “El capital necesario depende de las características individuales y del núcleo familiar”, señaló Velasco.
Los cambios introducidos por el Gobierno nacional a finales de 2025 a través de un decreto de deslizamiento alteran los montos requeridos en esta modalidad. Este ajuste impacta especialmente a quienes planificaron jubilarse por capital en el año en curso, ya que ahora enfrentan nuevos valores mínimos para acceder a la prestación.
En el Congreso de Asofondos se estableció una premisa común entre presidentes de fondos de pensiones, directivos gremiales y expertos del sector académico: la edad de jubilación debe igualarse a 65 años tanto para hombres como para mujeres.

Esta iniciativa no solo responde a los patrones demográficos, sino que busca, según expuso Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, ajustar los esquemas diseñados hace varias décadas, cuando la expectativa de vida era significativamente inferior. “El tiempo que las personas pasan acumulando no está alcanzando para cubrir la longevidad futura”, advirtió Guerra en su intervención.
Valeria Martínez, senior de servicios legales Kmpg Colombia, agregó que la actual propuesta de reforma fortalece los beneficios para poblaciones vulnerables y establece una pensión unificada que integra los diferentes subsistemas y se ve directamente afectada por el aumento del salario mínimo.
La cuestión de la edad de pensión continúa siendo un tema con fuerte sensibilidad electoral. Según coincidieron Becerra y Martínez en el citado foro, las campañas políticas suelen evitar el debate de fondo, pese a que el retraso en la actualización normativa tiende a ampliar la brecha con los países avanzados y complica cada vez más la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo.
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