Apenas horas después de que se conocieran las imágenes de lo que sería una toma minera ilegal de oro en predios pertenecientes al Batallón de Rifles 31 del Ejército Nacional en el municipio de Caucasia, Antioquia, desde el Gobierno nacional emitieron un fuerte pronunciamiento.
Y es que las imágenes dejaron ver que un extenso grupo de mineros estaría trabajando a escasos metros de la base militar, sin que los uniformados se hubieran percatado o, peor aún, actuado para evitar la deforestación del terreno propiedad de las Fuerzas Militares.
Ante la controversia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó su rechazo a la minería ilegal, además de entregar un balance actualizado de las acciones de las autoridades para acabar con las economías ilícitas que, de paso, contribuyen a un fuerte daño ambiental.
El funcionario explicó que a lo largo del año se han intervenido aproximadamente 2.500 minas ilegales y destruido casi 1.000 máquinas dedicadas a la extracción ilícita, lo que representa un aumento superior al 40% respecto al periodo anterior.
“Cero tolerancia con la minería ilegal y los delitos ambientales. Este año, hemos intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal. Esto representa un aumento de resultados superior al 40 % en comparación con el año anterior”, escribió Sánchez en su cuenta de X.
Además, el ministro de Defensa ordenó una investigación detallada tras lo ocurrido en el municipio de Caucasia, especialmente, por la presunta permisividad de los militares ante las economías ilícitas a escasos metros de la unidad del Ejército.
“Por lo tanto, no toleraremos ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales, ni admitiremos omisiones en el cumplimiento de nuestro deber institucional de combatir la minería ilegal y los delitos ambientales”, señaló Sánchez.
Incluso, el ministro aseguró que, en caso de demostrarse cualquier complicidad por parte del Ejército Militar con economías ilícitas, el Estado liderará una serie de acciones legales para llevar a la justicia a los responsables de la unidad militar en el departamento de Antioquia.
“En respuesta a la información divulgada en medios de comunicación sobre la explotación minera ilegal en los terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia, he ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia. Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, comentó el ministro.
El jefe de cartera advirtió también que actuará de manera coordinada con las entidades competentes para garantizar el cumplimiento de la ley y fortalecer los controles contra la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas que financian a organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias armadas.
La respuesta del Ministerio de Defensa se da después de que se se conociera que el municipio de Caucasia, la minería ilegal de oro alcanzó el perímetro de una base del Ejército Nacional, según un informe de The New York Times.
Imágenes obtenidas por dron y testimonios de trabajadores confirmaron la operación ilícita en terrenos controlados por la fuerza pública. Los mineros aseguraron operar bajo la protección del Clan del Golfo, lo que evidenció la capacidad de los grupos criminales para influir incluso en espacios institucionales.
La reacción inicial del comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, fue negar al medio extranjero la presencia de minería dentro del predio militar. Sin embargo, una inspección en el lugar permitió comprobar la actividad extractiva, lo que llevó a Echeverry a reconocer la gravedad de la situación y a ordenar el desalojo inmediato de los mineros ilegales.
Durante el operativo, surgieron enfrentamientos entre soldados y trabajadores. Los uniformados destruyeron parte del equipo de extracción, mientras los mineros reaccionaron con amenazas y violencia, defendiendo su permanencia con el argumento de haber pagado al Clan del Golfo para operar en la zona.
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