La publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero Calle en el portal de la Presidencia de Colombia desencadenó una ola de reacciones políticas y sociales en Antioquia al confirmarse su designación como Superintendente Nacional de Salud.
El presidente Gustavo Petro enfrentó críticas generalizadas, pues distintos líderes y el sector médico advirtieron que este nombramiento podría traer consecuencias negativas significativas para los pacientes y el sistema de salud,.
En reiteradas ocasiones, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, ha denunciado graves irregularidades administrativas durante la gestión previa de Quintero como mandatario municipal entre 2020 y 2023, destacando que existen 55 imputados derivados de presunta corrupción durante ese periodo.
Sin embargo, en esta ocasión, Gutiérrez afirmó que la selección de Quintero no responde a criterios técnicos ni sanitarios, advirtiendo: “Ha nombrado en la Superintendencia de Salud a los que se robaron a Medellín. No tiene hoja de vida, tiene prontuario criminal”.
Además, el mandatario local volvió a cuestionar el nombramiento hecho por el presidente Petro con un mensaje publicado a través de su cuenta de X: “Absurdo. Petro pone al ratón a cuidar el queso”
Este señalamiento puso en el centro del debate el pasado judicial y administrativo de la nueva autoridad sanitaria, así como el alcance de sus competencias a nivel nacional.
La polémica tomó mayor escala al incluir una preocupación central para usuarios y especialistas: el posible impacto sobre entidades clave del sistema de salud regional.
Gustavo Campillo, defensor de pacientes, advirtió en diálogo con La FM que la designación representa “una catástrofe inminente” para las empresas promotoras de salud Sura y Savia Salud.
El temor señalado refiere a la posible liquidación de Savia Salud o intervención sobre Sura, que atienden en conjunto a casi siete millones de usuarios. Campillo alertó: “Eso sería un golpe devastador no solo para Medellín y Antioquia, sino para todo el país, donde Sura tiene millones de afiliados”.
El nombramiento de Daniel Quintero por parte del presidente Gustavo Petro al frente de la Superintendencia de Salud también provocó la inmediata reacción de distintos sectores políticos y gremiales.
Como afirmó la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia: “Es una vergüenza que a un tipo imputado por corrupción con más de 50 de sus funcionarios, lo pongan a vigilar la salud. Esta es la manera como el gobierno garantiza que la salud sea un negocio para el Pacto Histórico”.
El exsecretario de Seguridad y actual concejal de Medellín, Andrés Tobón, también expresó su rechazo y dijo: “Y todavía creían que Gustavo Petro no era capaz de atreverse a nombrar a Quintero en la Superintendencia de Salud. No tiene límites ni vergüenza”.
Las críticas se extienden más allá del campo político y alcanzan a los profesionales sanitarios. Voceros del gremio médico informaron que preparan una acción popular contra el decreto de nombramiento, argumentando que el proceso carece de la idoneidad técnica necesaria para el cargo.
Desde el seno del Concejo de Medellín, voces como la de Tobón insisten en que decisiones de tal gravedad deberían estar alejadas de cálculos partidistas y responder únicamente a criterios técnicos.
La inquietud por el destino de los usuarios se intensifica en un contexto en el que la Nueva EPS, incluso intervenida, continúa presentando serias fallas en la entrega de medicamentos y asignación de citas. La referencia a este precedente subraya la preocupación de pacientes y médicos sobre el posible deterioro del servicio bajo la supervisión de Quintero.
Mientras el Gobierno nacional sostiene el nombramiento, en Medellín y Antioquia crecen expresiones de rechazo y miedo entre los usuarios de los principales prestadores del sistema.
El caso de Sura y Savia Salud ilustra la magnitud del riesgo que perciben los ciudadanos y el sector médico ante la posibilidad de nuevas intervenciones o liquidaciones, que podrían afectar a millones de tratamientos en curso.
El nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud ha convertido a la salud pública en epicentro de una disputa política de gran calado, con actores sociales, médicos y políticos denunciando falencias técnicas y riesgos para el acceso a servicios.
La confrontación desatada por esta decisión da cuenta de una crisis de confianza y expectativas negativas respecto al destino de la administración sanitaria bajo su nueva conducción.
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