Presidente sindicato del Inpec alertó sobre influencia que mantienen cabecillas desde las cárceles

El presidente de la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario, Óscar Robayo, defendió el control estatal en las cárceles de Colombia en medio de recientes denuncias de corrupción y del poder que ciertos internos ejercen dentro y fuera de los establecimientos.

Robayo sostuvo que, aunque el sistema penitenciario enfrenta cuestionamientos públicos y presiones para su reforma, la autoridad estatal permanece intacta y la institución sigue trabajando para reducir los riesgos.

Las declaraciones del dirigente sindical fueron recogidas en entrevista con el medio La FM Fin de Semana.

Según Robayo, en el país existen 128 establecimientos carcelarios, y los escándalos recientes no representan el panorama general del sistema penitenciario. El dirigente subrayó que los problemas más notorios se concentran en aquellos centros donde algunos privados de la libertad mantienen una influencia significativa sobre las dinámicas internas y externas de las prisiones, un fenómeno que, reconoció, ha dificultado la erradicación de prácticas ilícitas.

El presidente del sindicato del Inpec admitió la presencia de internos con “poder delincuencial y político” en determinadas cárceles.

“Se presentan escándalos (…) donde hay privados de la libertad con mucho poder delincuencial y político”, expresó el líder sindical en entrevista con La FM Fin de Semana.

Ante la gravedad de estos casos, precisó: “Se presentan vicios de corrupción u omisión por miedo con este tipo de internos”, pero afirmó que el control institucional sigue siendo ejercido por el Estado, aunque la gestión cuenta con limitaciones por falta de presupuesto, recursos y personal de guardia.

Para Robayo, estas restricciones materiales influyen directamente en la administración y la seguridad del sistema.

El representante de los funcionarios penitenciarios destacó durante la entrevista que el sistema ha avanzado en el combate a la extorsión y el uso irregular de dispositivos electrónicos dentro de los reclusorios.

Entre las estrategias aplicadas, mencionó especialmente la operación dominó, que trasladó los Call center desde las que se originaban llamadas extorsivas fuera de los penales, disminuyendo así el impacto de este delito.

Robayo resaltó que los índices de fugas han registrado un descenso respecto a años anteriores, resultado que atribuyó a las mejoras implementadas en la seguridad y los procesos de resocialización.

En este sentido, afirmó: “Hay miles de ejemplos de que las cárceles sirven”, en referencia a casos positivos dentro del sistema que, a su juicio, no suelen ser visibilizados.

Sobre el alcance del poder de algunos internos, el dirigente sindical reconoció que existen privados de la libertad cuya influencia se extiende más allá de los muros de las cárceles, desafío que persiste para la administración penitenciaria y para la seguridad general del sistema.

El respaldo de Óscar Robayo a la labor del Gobierno nacional y de los funcionarios penitenciarios se fundamenta en la convicción de que el Estado “manda” y el Inpec conserva el control, incluso en contextos de escasez de recursos y bajo presión constante.

Estos funcionarios, reiteró, desempeñan su trabajo en condiciones adversas y enfrentan presiones tanto internas como externas, mientras el debate público sobre la necesidad de una reforma estructural del sistema continúa en la agenda nacional.

El control a detenidos con brazalete es cuestionado tras nuevos casos de reincidencia en Bogotá

Un detenido con brazalete electrónico del Inpec y en cumplimiento de una condena por hurto agravado y porte ilegal de armas fue capturado en Bogotá mientras portaba una escopeta y, según las autoridades, participaba en la venta de estupefacientes.

El caso se suma a un patrón creciente de reincidencia delictiva entre personas que, a pesar de encontrarse bajo custodia domiciliaria y monitoreo tecnológico, vuelven a delinquir en la capital colombiana, según información de la Secretaría de Seguridad citada por El Colombiano.

Durante la operación realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá en el barrio Nueva York, localidad de Kennedy, fueron detenidos dos individuos.

Uno de ellos portaba un chaleco antibalas y un arma tipo changón, mientras que el acompañante intentó huir, pero fue interceptado por los agentes minutos después.

Al momento de la captura, este segundo sujeto portaba 114 dosis de estupefacientes y dinero en efectivo vinculado presuntamente a la venta de bazuco. Ambos quedaron a disposición de las autoridades por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como porte ilegal de armas de fuego, de acuerdo con el reporte de la Policía consignado por El Tiempo.

Las autoridades han evidenciado que la reincidencia en el delito por parte de personas en prisión domiciliaria bajo supervisión electrónica no es un hecho aislado. Entre otros antecedentes, El Tiempo señaló que uno de los participantes en el robo de un furgón y un taxista involucrado en el secuestro y robo a una mujer en febrero de 2026—identificada como Diana Ospina—también estaban bajo esta modalidad de detención.

La situación ha desencadenado un llamado de alerta por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que exigió explicaciones a la administración nacional sobre la capacidad real para mantener el control de las personas que, pese a portar brazalete, vuelven a delinquir.

Galán manifestó: “Llegó el momento que el Ministerio de Justicia nos diga su capacidad para poder controlar a las personas que están detenidas en sus casas o que están en detención domiciliaria con brazalete, porque evidentemente tenemos a muchas de esas personas delincuentes nuevamente en las calles, en medio de supuestamente estar pagando su condena, cometiendo nuevos delitos”.

La reiteración de estos hechos refleja el cuestionamiento sobre la efectividad de los controles de detención domiciliaria electrónicos implementados por el Inpec en Bogotá, ante la persistencia de episodios delictivos protagonizados por individuos con antecedentes penales bajo supervisión.