La Cidh alertó sobre el aumento de la violencia política en Colombia en pleno año electoral

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) alertó sobre un incremento de la violencia política en Colombia durante el proceso electoral de 2026, según su informe anual presentado el jueves 23 de abril.

El organismo internacional manifestó preocupación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, y el auge del desplazamiento forzado, fenómenos que ponen en peligro la celebración de elecciones libres y seguras en el país.

De acuerdo con el documento, el contexto electoral colombiano se caracteriza por la presencia de factores de alto riesgo: polarización política, actores armados ilegales y un entorno institucional debilitado.

La Cidh resaltó que el ataque contra Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 durante un evento político en Bogotá, constituye una muestra de la persistencia de la violencia política y de los riesgos directos para la institucionalidad democrática.

El informe subraya que la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas limita la acción estatal en varias regiones del país, situación que afecta directamente el acceso a servicios públicos esenciales y restringe los derechos políticos de la ciudadanía. En zonas bajo control criminal, la participación democrática se encuentra severamente condicionada.

“El país enfrenta un nivel de riesgo elevado por la coincidencia entre violencia y elecciones”, subrayó la Cidh en el reporte anual. La Comisión remarcó que garantizar entornos pacíficos, incluyentes y libres de violencia se convierte en uno de los principales desafíos para las autoridades nacionales.

Las autoridades colombianas implementaron medidas institucionales, como el Plan Integral de Protección para candidatos y estrategias de monitoreo de la Defensoría del Pueblo, pero la Cidh considera que estas acciones aún resultan insuficientes frente a la magnitud de la amenaza.

Desplazamientos forzados y amenazas a líderes sociales agravan la crisis

El informe de la Cidh expone que la violencia armada generó un agravamiento de la crisis humanitaria en Colombia durante el último año. Solo en la región del Catatumbo se documentaron al menos 60.000 personas desplazadas y 12.000 confinadas en 2025, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas barí y yukpa.

Las cifras oficiales, citadas en el documento, muestran que entre enero y julio de 2025 se registraron 107 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo.

Organizaciones civiles advierten sobre altos niveles de impunidad, ya que de los 1.372 asesinatos de líderes y defensores documentados entre 2016 y 2024, 1.322 permanecen bajo investigación, con apenas 20 condenas contra autores intelectuales.

En regiones como Buenaventura y Chocó se denunciaron asesinatos, violencia sexual, desplazamientos masivos y restricciones a formas tradicionales de organización comunitaria, afectando de manera particular a pueblos étnicos y afrodescendientes.

Impactos del conflicto armado y riesgos para la participación democrática

La Cidh recordó que la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 enfrenta aún grandes dificultades. El informe reportó un aumento de homicidios contra excombatientes en 2025 y señaló que la persistencia de actores armados ilegales continúa dificultando la consolidación institucional y el acceso a servicios básicos.

La Comisión reconoció avances normativos en materia de educación, reparación y restitución de derechos para los pueblos indígenas. Sin embargo, advirtió que el conflicto armado y la expansión de las economías ilícitas siguen generando amenazas y desplazamientos forzados en los territorios ancestrales. Entre enero y agosto de 2025, más de 22.600 personas de comunidades étnicas resultaron desplazadas.

En cuanto a la población afrodescendiente, la Cidh reportó múltiples hechos violentos, especialmente en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde se registraron más de 50 jóvenes afro asesinados durante el primer trimestre de 2025.

Violencia de género y amenazas a poblaciones vulnerables

El documento anual de la Cidh también alertó sobre la continuidad de la violencia de género en Colombia. Entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 621 feminicidios, 438 alertas por riesgo extremo de asesinato y 320 intentos de feminicidio.

Persisten reportes de violencia física y sexual contra niñas y adolescentes, en particular de comunidades indígenas, así como homicidios y amenazas contra mujeres trans y trabajadoras sexuales.

Frente al panorama delineado, la Cidh instó al Estado colombiano a fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la seguridad para candidatos y votantes, y frenar la expansión de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales en el contexto electoral.

El organismo internacional insistió en la urgencia de garantizar condiciones seguras, pacíficas e incluyentes para las elecciones presidenciales de mayo de 2026 y asegurar la participación democrática en todos los territorios del país.