Codirectora del Banco de la República se refirió al aumento de las tasas de interés en Colombia y advirtió riesgos de una inflación por encima del 5%: “Teníamos que actuar”

El debate sobre la inflación en Colombia se intensificó tras la última decisión del Banco de la República de elevar las tasas de interés en 100 puntos básicos, alcanzando un nivel de 11,25% en marzo.

Debido a esto la codirectora de la entidad, Olga Lucía Acosta, sostuvo durante el Congreso de Asofondos en Cartagena que la preocupación por una inflación que supera el 5% justifica plenamente la dureza de la política monetaria.

A pesar de cuestionamientos desde el Ejecutivo, especialmente del presidente Gustavo Petro, Acosta resaltó que mantener la inflación controlada es esencial para la estabilidad económica y la confianza de inversores y mercados.

Durante su intervención, la codirectora del emisor trajo a colación una cifra relevante que distingue este ciclo inflacionario. Según datos aportados por la directora del Dane, Piedad Urdinola, la inflación llegó en marzo a un 5,56%, cifra superior al 5,29% de febrero, y cuyo último antecedente más alto se registró en septiembre, con 5,81%.

Esta evolución preocupó especialmente a la junta directiva del banco central, que evalúa estas tendencias como señales de una presión persistente sobre los precios.

En este contexto, la dirigente del emisor enfatizó la necesidad de actuar, y afirmó: “Sí tenemos de qué preocuparnos y teníamos que actuar. El cinco por ciento nos exige actuar como estamos actuando. Es una defensa a las decisiones que hemos tomado”.

La reciente alza de tasas se produjo después de dos incrementos consecutivos —el primero en enero y el segundo en marzo—, lo que sumó un aumento total de 200 puntos básicos en el primer trimestre del año.

Este movimiento sin precedentes generó fricción en la relación entre el banco central y el Gobierno, situación que se manifestó en el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la reunión de la junta y la convocatoria a una rueda de prensa alterna para manifestar su inconformidad.

Posteriormente, el Ministerio organizó un foro para argumentar que estas subidas resultan perjudiciales en el contexto de la coyuntura internacional, referida a conflictos en Medio Oriente.

Acosta, cuestionada directamente por el presidente Gustavo Petro y otros miembros del Gobierno por su respaldo al endurecimiento de la política monetaria, resaltó en su intervención que la meta de inflación para el país es del 3%, y que “no nos parece bien que la inflación esté en 5,5%”, corrigiendo así uno de los puntos tradicionales de crítica desde el Ejecutivo, que demanda un mayor margen de flexibilidad para favorecer al sector productivo.

La codirectora argumentó que todas las categorías, incluidas las comidas fuera del hogar, servicios sin alimentos ni regulados y la inflación básica, evidencian efectos adversos desde el ajuste del salario mínimo.

En el Congreso de Asofondos 2026, Acosta detalló que el repunte inflacionario está estrechamente ligado a un desequilibrio entre demanda y oferta. Según su exposición, el crecimiento de la demanda interna obedece al buen momento del café, el incremento de las remesas, el gasto público y una mejora general de ingresos. No obstante, señaló que “tenemos una demanda que ha crecido impulsada por muchas fuerzas (…) pero tenemos una oferta que no responde”.

La funcionaria puntualizó que el comportamiento de las expectativas inflacionarias a doce meses fue determinante. Explicó que “las expectativas se suben (…) de que la inflación a doce meses iba a ser cuatro a seis”. Este cambio, para Acosta, obligó a la autoridad monetaria a actuar con firmeza para evitar que se cristalizara una espiral inflacionaria más difícil de controlar a futuro.

Tanto ella como la mayoría de la junta directiva consideran que este tipo de medidas, aunque costosas para el crecimiento y el empleo en el corto plazo, son necesarias para proteger la reputación y la credibilidad del banco central, factores que inciden directamente en la confianza de inversionistas y en el futuro desempeño de la economía.

A las críticas del ministro Germán Ávila, que aseveró que el banco central de Colombia es el único en subir 200 puntos básicos en el escenario internacional actual, Acosta respondió que países comparables ya lograron regresar a su meta inflacionaria, mientras que Colombia enfrenta un rezago. Ratificó que la estructura institucional del Banco de la República busca impedir que las decisiones respondan a la coyuntura del gobierno de turno: “Estamos cumpliendo un mandato que nos dieron y al cual nos comprometemos (…) no es que se pueda cambiar de un momento a otro”, manifestó.

La codirectora expuso que, desde el punto de vista estructural, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) reciente se basa en el consumo, en torno al 2,6%, sin que la inversión haya logrado repuntar a niveles previos. “Sabemos que las tasas altas tienen un costo en materia de crecimiento, pero existimos (la junta directiva) en el Banco de la República para poner la mirada en el largo plazo”, afirmó Acosta. Añadió que el verdadero peligro es el estancamiento de la inversión y la construcción de expectativas inconsistentes hacia el futuro.

El aumento del salario mínimo y sus repercusiones

Otra dimensión de la discusión la constituyó el impacto del reciente aumento del salario mínimo. Acosta alertó sobre la necesidad de contextualizar la cifra de un 23,7% de alza (equivalente a un 18% real), y recordó que existen 13 millones de trabajadores informales que ganan menos del mínimo.

En este entorno, sostuvo que el incremento sí tuvo efecto sobre el repunte inflacionario. Frente a quienes minimizan este impacto, defendió: “Se ha dicho que la inflación total no está subiendo mucho, que el salario mínimo no tuvo impacto, pero todas las categorías (…) nos están mostrando que desde esa fecha tenemos una inflación más alta”.

Acosta subrayó la importancia de la autonomía de la entidad como garantía ante los mercados internacionales y destacó que esa reputación consolidada es fundamental para la confianza en la economía colombiana.

Respecto a la política fiscal, la funcionaria enfatizó la urgencia de una reforma estructural que permita clarificar la capacidad que tiene la sociedad colombiana de asumir las obligaciones comprometidas. “No sabemos esta sociedad cuánto es capaz de pagar de las obligaciones que se ha comprometido”, advirtió.