La campaña presidencial en Colombia se ha visto sacudida por el anuncio del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre su disposición a participar en debates, pero limitado únicamente a dos de sus rivales: Paloma Valencia (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).
Esta postura, que excluye a los 10 aspirantes restantes, ha generado un intenso debate sobre los alcances democráticos del proceso electoral y ha puesto en el centro la discusión sobre el cumplimiento de las exigencias legales en materia de debates públicos.
Ante ello, la candidata presidencial Claudia López anunció que enviará una solicitud para que se aplique el artículo 23 de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005).
La exalcaldesa de Bogotá, en declaraciones a los medios de comunicación, recordó que dicho artículo estipula que deben realizarse al menos tres debates presidenciales de una hora, organizados por el sistema público de comunicación y con la presencia de todos los candidatos.
“Realizar tres (3) debates de hasta sesenta (60) minutos cada uno, por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña presidencial”, señala el artículo en cuestión.
Además, la aspirante cuestionó la postura de los candidatos presidenciales, luego de participar en el foro “Niñez Ya” donde los postulantes presentaron sus propuestas para la infancia del país, pero al que solo asistieron seis de los 13 que están inscritos en el tarjetón electoral.
“Acordamos mandar una comunicación a las autoridades porque la ley de garantías electorales obliga que se hagan por lo menos tres debates de una hora con todos los candidatos presidenciales. Entonces, la ley es para cumplirla. Vamos a mandar una comunicación recordando esto”, expresó López a la prensa nacional.
En su intervención, la exmandataria bogotana también propuso una alternativa para resolver la logística ante la alta cantidad de contendores. Dada la participación de trece candidatos en la actual elección, sugiere que los debates se organicen por sorteo con dos grupos, a fin de que todos tengan la oportunidad de exponer sus propuestas ante el electorado.
“Si el lío es que les parece que somos demasiados, y en efecto somos trece candidatos, pues que por sorteo organice dos grupos. Y ya, cuando queremos cumplir, queremos cumplir. Pero aquí la verdad es que ya el que uno o dos ponían vetos en esta campaña, los demás hemos ido a los debates”, manifestó.
Por último, la candidata criticó tajantemente la actitud de varios de sus rivales, en particular la de Iván Cepeda, al señalar que esta selección restrictiva de interlocutores constituye un veto y lo calificó como una acción censora.
“El llamado es a que los medios sigan organizando debates e inviten a todos los candidatos. Si alguno decide no asistir, quedará en evidencia ante el país. Si el candidato Iván Cepeda no asiste, quedará claro que es el único que censura”, puntualizó.
Según lo establecido en la normativa, cada candidatura puede difundir una intervención de cinco minutos al inicio oficial del periodo electoral para presentar su plataforma de gobierno y otra de diez minutos con carácter de cierre, que debe transmitirse ocho días antes de la jornada de votación.
Durante las jornadas recientes, la controversia por los requisitos impuestos por Cepeda ha movilizado a los demás candidatos, quienes reclaman transparencia y cumplimiento de la ley en los espacios de confrontación pública.
Mientras Abelardo de la Espriella retiró su propio condicionamiento e indicó que dejará libertad a los medios para definir la organización de los debates, la situación actual revela que la negativa de Cepeda es el principal obstáculo para la realización de estos encuentros.
Entre tanto, la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, formalizó ante la mesa directiva del Senado una petición para llevar a cabo un debate de control político enfocado en la seguridad electoral de cara a las elecciones presidenciales en Colombia en 2026.
Esta propuesta persigue reunir en un espacio institucional a los principales aspirantes presidenciales y funcionarios del Gobierno, con la finalidad de exponer en público sus posiciones sobre las garantías y condiciones que enmarcarán el proceso democrático.
El documento presentado sostiene que el Congreso debe asumir el rol de plataforma pública donde los candidatos a la presidencia expongan y contrasten sus posturas.
“Y si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga. Pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la presidencia. ¡Ni más faltaba! Porque el debate tiene que ser democrático”, expresó Valencia durante su intervención en la plenaria del Senado del martes 21 de abril.
En suma, la discusión sobre los debates presidenciales en Colombia gira en torno a los mecanismos de inclusión obligatoria, la organización pública de los foros y la exposición igualitaria de las propuestas de los trece aspirantes.
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