Defensoría del Pueblo desmintió acusaciones de Paloma Valencia sobre un supuesto informe de coacción armada a favor de Iván Cepeda

Durante una acalorada sesión en la plenaria del Senado, se desató un nuevo enfrentamiento político tras la intervención de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, que acusó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de beneficiarse de supuestas presiones de grupos armados sobre los electores en varias regiones del país.

Valencia afirmó que estos hechos estarían respaldados por informes de la Defensoría del Pueblo, lo que generó una reacción inmediata tanto de Cepeda como de la propia entidad. La dependencia invitó a la candidata del Centro Democrático a respetar la labor institucional y a evitar, en sus discursos de campaña, la desinformación, la estigmatización y el uso inadecuado de temas como la eliminación de la violencia política en Colombia.

El origen de la controversia en el Senado

El cruce de señalamientos inició cuando Iván Cepeda exigió que Valencia presentara pruebas concretas sobre la supuesta coacción armada a favor de su candidatura y de la colectividad que representa. “Pero yo lo que pediría es que usted sustente claramente la acusación de que hay gente que está presionando con las armas para que se vote por mí en los territorios. Esa es una aseveración absolutamente temeraria y que usted no puede probar”, manifestó Cepeda, calificando las afirmaciones como calumniosas y carentes de sustento.

Valencia, por su parte, insistió en que existían reportes oficiales que confirmaban sus denuncias. “¿Usted no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo? La defensora está denunciando la coacción de los electores a favor suyo y a favor del Pacto Histórico”, declaró. Además, comparó la situación con los antecedentes de la parapolítica, advirtiendo que presentará en debate público lo que considera prácticas similares por parte de la actual coalición de gobierno.

Durante la discusión, Valencia reiteró: “Dice usted que son calumnias que están presionando a los colombianos para votar por usted. ¿Usted es que no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo? ¿Es que ya no le gusta la Defensora o qué es lo que pasa? Porque ella está denunciando la coacción de los electores a favor suyo y a favor del Pacto Histórico. Eso sí no les gusta”.

La respuesta de la Defensoría del Pueblo

Ante la magnitud de las acusaciones, la reacción institucional no se hizo esperar. La defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un pronunciamiento categórico desmintiendo las afirmaciones de Valencia. “La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo”, aseguró la funcionaria.

La Defensoría enfatizó que todo su trabajo y sus comunicaciones en el marco del proceso electoral están orientados a garantizar la democracia, preservar la calidad del debate y eliminar tanto la violencia política como la desinformación y la estigmatización. En este sentido, la entidad pidió respeto a su labor y recordó que la función principal de sus informes es proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos ciudadanos durante las elecciones, no favorecer a actores particulares ni respaldar versiones infundadas.

“Pedimos a todos los actores políticos y a todas las campañas electorales actuar de una manera que se promueva un proceso electoral libre y en paz para nuestro país”, recalcó la defensora en su declaración oficial.

Llamado a frenar la desinformación y la estigmatización electoral

El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo se produjo en un contexto de creciente tensión en el debate público, en el que la desinformación y las acusaciones sin pruebas pueden incidir gravemente en la percepción ciudadana sobre la legitimidad de los procesos electorales. La entidad subrayó que ninguna de sus comunicaciones menciona presiones armadas a favor de un candidato específico y que cualquier interpretación en ese sentido constituye un uso indebido de su nombre institucional.

La Defensoría hizo hincapié en que sus informes se limitan a advertir riesgos generales para el libre ejercicio del voto en zonas donde operan actores armados, sin señalar beneficiarios políticos concretos. Advirtió que la manipulación de estos reportes con fines electorales no solo vulnera la objetividad institucional, sino que también alimenta la polarización y debilita la confianza en la democracia.

“Las actuaciones del día de hoy de la senadora van en contravía de esos principios”, puntualizó la entidad, reafirmando su compromiso de velar por la transparencia y el respeto en la contienda electoral.