Así funciona el “cartel de la insolvencia” que estaría haciendo trampas para que los ciudadanos no paguen las deudas a los bancos en Colombia

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) lanzó una alerta sobre lo que denomina un “cartel de la insolvencia”, una práctica que, según el gremio, estaría creciendo en el país y que consiste en usar de forma indebida los mecanismos legales diseñados para personas que no pueden pagar sus deudas.

De acuerdo con Jonathan Malagón, presidente del gremio, en los últimos dos años se ha registrado un “aumento significativo de solicitudes” de insolvencia en las que se detectan irregularidades. La insolvencia es un proceso legal que permite a una persona negociar sus deudas cuando no tiene cómo pagarlas. Sin embargo, Asobancaria advierte que ese mecanismo estaría siendo manipulado.

El gremio explicó que este supuesto cartel estaría compuesto por abogados asesores y algunos centros de conciliación que ayudan a las personas a aparentar que no pueden pagar, incluso cuando sí podrían hacerlo. Para lograrlo, se estarían usando maniobras como la creación de deudas falsas.

En un comunicado de la agremiación se señala que “se ha identificado la creación de deudas ficticias con el propósito de cumplir los requisitos y promover acuerdos que resultan lesivos para los acreedores reales”. Es decir, se inventan deudas para poder entrar al proceso y luego evitar pagar otras obligaciones verdaderas.

También se menciona que algunas personas aparecen como prestamistas en múltiples casos, algo que llama la atención. “Se ha evidenciado que algunas personas registradas como supuestos prestamistas (quiroamigos) figuran en múltiples procesos de insolvencia e incluso se encuentran privadas de la libertad”, indica el comunicado.

El presidente de la principal agremiación de los bancos de Colombia afirmó que hay patrones repetidos que permiten hablar de una estructura organizada. “Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones”, señaló.

Según explicó, esto afecta no solo a los bancos, sino también a otros sectores como empresas de telecomunicaciones, proveedores y compañías del sector real. Además, tiene consecuencias para quienes participan en estas prácticas. Entre ellas, menciona “la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales”.

El comunicado también advierte que habría coordinación entre algunos abogados y centros de conciliación. Se habla de un “patrón reiterado” en el que los mismos abogados, especialmente los que representan acreedores ficticios, acuden de manera constante a ciertos centros para tramitar solicitudes con inconsistencias.

Sobre las posibles consecuencias legales, se advierte que las personas involucradas podrían enfrentar delitos. “Los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres (…) incurren en conductas punibles”, señala el documento, mencionando delitos como fraude procesal, falsedad en documento y concierto para delinquir.

Asobancaria insiste en que la insolvencia es una herramienta válida, pero solo cuando se usa correctamente. El problema, según el gremio, es cuando se utiliza sin una necesidad real, solo para evitar el pago de deudas.

El impacto de estas prácticas, de acuerdo con el comunicado, no es menor. Se advierte que el uso indebido de la insolvencia “afecta la confianza en los deudores, incrementa las exigencias para el acceso al financiamiento y encarece el costo del crédito”. En términos simples, esto puede hacer que conseguir un préstamo sea más difícil y más caro para todos.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a las autoridades para que refuercen los controles y la supervisión de estos procesos, y a los ciudadanos para que usen las herramientas legales de forma responsable.

También reiteró que quienes participen en estas prácticas pueden enfrentar sanciones, multas e incluso cárcel, al tratarse de conductas que implican engañar al sistema judicial.