Colombia en alerta por hambre: 6,6 millones de personas no acceden a alimentación suficiente, según el Programa Mundial de Alimentos

Colombia enfrenta un complejo panorama internacional tras ser incluida entre los países con crisis de hambre extrema y, al mismo tiempo, registrar el mayor retroceso en el Índice de Democracia global.

Informes recientes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la Economist Intelligence Unit (EIU) coinciden en ubicar al país en una situación crítica, marcada por el aumento de la inseguridad alimentaria y el debilitamiento de sus instituciones.

De acuerdo con el más reciente “Mapa del Hambre” del PMA, divulgado a finales de abril de 2026, cerca de 6,6 millones de personas en Colombia enfrentan inseguridad alimentaria aguda, lo que equivale aproximadamente al 12 % de la población. Esta clasificación sitúa al país dentro de un grupo de 16 naciones con niveles preocupantes de hambre, junto a contextos históricamente complejos como Nigeria, Sudán, Yemen o Afganistán.

El informe advierte que la crisis alimentaria global continúa agravándose. En total, 318 millones de personas en 68 países padecen inseguridad alimentaria aguda, impulsadas principalmente por conflictos armados, choques climáticos y crisis económicas. En América, solo Colombia y Haití aparecen dentro de las categorías más críticas del mapa.

Aunque la proporción de población afectada en Colombia es menor que la de Haití —donde más de la mitad de sus habitantes enfrenta inseguridad alimentaria—, el número absoluto de colombianos en esta condición refleja un desafío estructural. La ubicación en fase 3 o superior dentro de la escala del PMA implica que millones de personas tienen dificultades para acceder de forma regular a alimentos suficientes y nutritivos.

A nivel interno, las cifras muestran un panorama mixto. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2024 más de 14,4 millones de colombianos experimentaban algún grado de inseguridad alimentaria, equivalente al 27,6 % de la población. Aunque este indicador registró una leve reducción frente a 2023, la inseguridad alimentaria grave se mantuvo en niveles preocupantes.

De hecho, el número de personas en condiciones más críticas aumentó: 2,7 millones de colombianos enfrentaban inseguridad alimentaria severa en 2024, lo que representa un incremento de 84.000 personas frente al año anterior. Este contraste evidencia que, aunque algunos hogares han mejorado su situación, los casos más extremos tienden a profundizarse.

El presidente Gustavo Petro ha defendido los resultados de su gobierno en esta materia, destacando el aumento de la producción agrícola, la reducción relativa de los precios de los alimentos y la salida de millones de personas de la pobreza. Sin embargo, los informes internacionales sugieren que persisten brechas estructurales que mantienen a una parte significativa de la población en condiciones de vulnerabilidad.

En paralelo, el país enfrenta un deterioro institucional sin precedentes recientes. El informe global de la EIU revela que Colombia cayó 13 posiciones en el Índice de Democracia entre 2024 y 2025, ubicándose en el puesto 73 a nivel mundial con una calificación de 6,04 sobre 10. Este descenso implica un cambio de categoría: el país dejó de ser considerado una “democracia imperfecta” y pasó a ser clasificado como un “régimen híbrido”.

Según la EIU, esta categoría describe sistemas donde coexisten elecciones formales con debilidades en el Estado de derecho, limitaciones en la independencia institucional y mayores riesgos de prácticas autoritarias. El informe advierte que estos contextos suelen presentar gobiernos más frágiles y menor capacidad para garantizar derechos fundamentales.

Uno de los factores determinantes en la caída de Colombia es el aumento de la violencia política. El reporte destaca el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), que documentan decenas de homicidios y atentados contra actores políticos durante el último año.

A esto se suma la persistencia de ataques contra líderes sociales. Organizaciones como Indepaz han reportado cifras elevadas de asesinatos de líderes comunitarios, lo que refuerza la percepción de debilidad estatal en amplias regiones del país. Este fenómeno no solo afecta la seguridad, sino que también incide directamente en la calidad de la democracia y en la participación política.

El deterioro democrático de Colombia contrasta con el comportamiento de otros países de la región. De acuerdo con la EIU, naciones como Paraguay y Bolivia han mostrado avances institucionales recientes, mientras que Uruguay, Costa Rica y Chile se mantienen como las democracias más sólidas de América Latina.

En el ámbito global, el liderazgo del índice continúa en manos de países como Noruega y Nueva Zelanda, que destacan por altos niveles de transparencia, confianza institucional y respeto por las libertades civiles.