Contratistas de empresa de energía fueron interceptados y amenazados en Valle del Cauca: disidencias habrían quemado sus vehículos

Voceros oficiales de la Policía del Valle del Cauca informaron que el miércoles 15 de abril de 2026 dos vehículos de una reconocida empresa de energía de Bogotá fueron incinerados por presuntos integrantes de un grupo armado ilegal en la vereda Pósitos, zona rural del municipio de San Pedro.

Los contratistas, que realizaban labores en el sector, fueron interceptados por los agresores, que se movilizaban en motocicletas y tras rodearlos, los retuvieron durante unas horas y los amenazaron.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, los hombres armados habrían exigido extorsiones como condición para liberarlos. Posteriormente, los atacantes incendiaron dos vehículos pertenecientes a la empresa.

Según la información suministrada desde la institución, el caso fue alertado públicamente dos días después, el 17 de abril. El comandante encargado de la Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, indicó que “las autoridades adelantan labores de verificación y recolección de información para establecer posibles móviles del hecho”.

Además, se están realizando actividades de contacto y asesoría especializada para apoyar a las víctimas, que viven momentos de pánico tras pensar que podrían ser secuestradas, desaparecidas o asesinadas.

En la zona opera el frente 57 “Yair Bermúdez”, vinculado a estructuras disidentes de las Farc, hipótesis que se evalúa en el proceso investigativo.

La Policía del Valle del Cauca hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que ayude al esclarecimiento de estos hechos a través de las líneas oficiales 123 o 165 del Gaula, garantizando absoluta reserva.

Se robaron camionetas de la UNP destinadas a líderes sociales en el Catatumbo: responsabilizan a disidencias de las Farc

En menos de 24 horas, tres camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignadas a esquemas de seguridad de líderes sociales en el departamento de Norte de Santander fueron interceptadas y robadas en distintos puntos del Catatumbo.

Los hechos ocurrieron en Ocaña, Sardinata y la vereda La Tarrita, en la vía hacia Pozo Azul en la tercera semana de abril de 202. Las autoridades señalaron como presuntos responsables a integrantes de las disidencias de las Farc que operan en la región.

De acuerdo con versiones obtenidas por medios locales, hombres armados establecieron retenes ilegales y obligaron a los ocupantes de los vehículos a descender. En el caso de Gabriel Ángel Quintero, líder de restitución de tierras y exintegrante del EPL, un grupo de aproximadamente 16 hombres vestidos con prendas de color verde y botas tipo militar detuvo la camioneta blindada Chevrolet Trailblazer en la que se desplazaba.

Los escoltas fueron despojados de sus armas, chalecos antibalas y equipos de protección, mientras que Quintero fue trasladado en un vehículo particular hacia Ocaña.

Situaciones similares se presentaron con los vehículos asignados a los líderes sociales Arturo Garavito y Luis Jesús Prada. Los escoltas de estos esquemas de protección también fueron privados de sus armas de dotación y demás elementos de seguridad.

Las autoridades advierten que el robo de camionetas a la UNP en Norte de Santander evidencia un patrón de los grupos armados ilegales, que buscan apropiarse de estos vehículos para facilitar su movilidad en zonas rurales y, en algunos casos, alimentar redes del mercado ilegal, incluso con destino hacia Venezuela.

Fuentes oficiales confirmaron que, además de los tres vehículos, los atacantes sustrajeron el armamento entregado a los escoltas, lo que incrementa el riesgo para los líderes protegidos y plantea nuevas preocupaciones sobre el uso de estos recursos en actividades ilícitas.

Tras los hechos, la UNP inició el trámite para reemplazar los vehículos robados y restablecer los esquemas de protección afectados. La situación ocurre en medio de una crisis financiera de la entidad, que enfrenta retrasos en el pago a empresas arrendadoras y una deuda cercana a los 400.000 millones de pesos por el alquiler de más de 5.000 vehículos utilizados en la protección de líderes sociales y otras personas amenazadas.