
Las denuncias de abuso sexual contra el urólogo Alberto Posada han reactivado una investigación judicial en Medellín, luego de que cerca de 50 mujeres relataran sus experiencias de presunto abuso durante consultas médicas.
Este caso, con antecedentes de casi tres décadas, revela fallas en la supervisión de las prácticas médicas y señala omisiones institucionales que permitieron que Posada continuara ejerciendo a pesar de haber sido sancionado.
El dato más reciente conocido por Blu Radio señala que la única sanción impuesta por el Tribunal de Ética Médica de Antioquia fue una suspensión de seis meses. Según la presidenta del tribunal, Clara Cossio, esa sanción no se cumplió y, en 2017, la Clínica Las Vegas informó a las autoridades que el médico seguía en funciones pese a estar inhabilitado.

Marcela Sierra, una de las mujeres que decidió contar su historia en el pódcast Vos Podes, narró que el abuso tuvo consecuencias profundas y duraderas en su vida: “Yo llegué confiando en que era el médico de mi papá. Y resultó que fue el que me terminó generando un rayón gigante en mi autoestima y en mis relaciones”, dijo Sierra en esa plataforma.
Durante la consulta, relata Sierra, Posada realizó procedimientos sin relación aparente con el motivo clínico. “De un momento a otro empezó a hacerme un tacto vaginal. Yo decía: ‘¿Qué tiene que ver esto con cálculos en los riñones?’ Pero empezó a ser anormal cuando me decía que cerrara mis ojos, que si eso me excitaba, que moviera mi pelvis, que cuál era la posición que más me gustaba.”
La víctima agrega que, tras resistirse durante cerca de quince minutos, el urólogo le indicó que debía pedir otra cita para un “examen con más profundidad”.
Esta reactivación judicial ha impulsado a mujeres afectadas de distintos periodos a exponer sus relatos públicos. Los testimonios no solo revelan el patrón, sino la persistencia de actitudes que normalizaban estas conductas y daban al médico un aura de poder especial. “Lo que le dice a mi hermano y a otros pacientes es que tiene poderes sanadores”, explicó Sierra, que consideró vital hacer pública la denuncia para prevenir nuevos casos.

Veinte años de silencio institucional y temor de que los abusos persistan
Para un grupo de mujeres, la decisión de compartir sus vivencias públicas no fue sencilla, pero han resaltado el impacto social de romper el silencio. “Tengo dos hijas y yo no quiero que esto les pase a ellas. Lo más duro fue que cuando publiqué la historia, mi sobrina me dijo: ‘Estaba a punto de pedir una cita con él’”, contó Sierra en el espacio digital. Añadió que su sobrina estaba siendo contactada por Posada para atender un problema que, según él, tampoco tenía relación con el área urológica.
Natalia Aristizabal, otra de las denunciantes, relató que el abuso se produjo cuando consultó al especialista por problemas renales a mediados de 2005. “Yo fui confiando en él. Él me sacó un libro y empezó a explicar que el aparato reproductivo femenino tenía que ver también con los riñones”, narró Aristizabal en el mismo pódcast.
Durante el procedimiento médico, el doctor insistió en continuar pese a circunstancias personales que hacían que la paciente no se sintiera cómoda. “La secretaria me dijo: ‘No pasa nada, el médico le manda a decir que no pasa nada’”, recordó.

Las víctimas describen la complejidad de detectar el abuso, dadas las relaciones de confianza y poder en contextos médicos y familiares. “Nunca asocié que yo iba a dejar a mi hija en un lugar donde fuera a tener peligro […] Yo decía, pues es que es el hijo de la amiga de mi mamá, ¿qué me va a pasar acá?”, expresó Aristizabal al pódcast Vos Podes.
La presidenta del Tribunal de Ética Médica de Antioquia, Clara Cossio, reconoció a Blu Radio que la suspensión de seis meses, impuesta hace 28 años, fue la mayor sanción posible. Sin embargo, no fue ejecutada, permitiendo que, en 2017, la Clínica Las Vegas informara que Posada seguía ejerciendo a pesar de la inhabilitación.
Mujeres que consultaron en distintas épocas coinciden en la sensación de desconcierto y vulnerabilidad. “Me preguntó si ya había comenzado mi vida sexual, teniendo apenas 20 años, y me pidió que me desnudara para un examen físico”, relató una de ellas.
Cerca de 50 mujeres han presentado denuncias ante la Fiscalía de Medellín, que ya ha designado a un fiscal especializado para investigar el caso. Las denunciantes han pedido garantías de que los abusos cesen y se apliquen mecanismos efectivos de prevención en centros médicos.
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