“Presidente, le vendo mi finca”: viral mensaje de campesino inconforme con alzas del impuesto predial

Las protestas por el sustancial incremento del impuesto predial en cientos de municipios del país se tradujeron en bloqueos en vías municipales, disputas con las autoridades y un fuerte descontento en medio de los propietarios que estalló el jueves, 9 de abril de 2026.

Cerca de una semana después, en las redes siguen viralizandose videos, especialmente de campesinos, que alegan que los incrementos de la actualización del sistema del impuesto predial unificado, que por medio de la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac),—del 30 de diciembre de 2025— ajustó los avalúos en 527 municipios del país.

Los afectados han culpado al Gobierno Petro, a las autoridades locales, a gobiernos anteriores, mientras que, tanto gobernadores como alcaldes, insisten en buscar salidas para dar solución al grave inconveniente con los protestantes.

Uno de los campesinos afectados, propietario de una parcela, publicó un video en redes que se divulgó rápidamente, en el que le hizo un reclamo directamente al primer dignatario de la Nación:

"Señor Presidente, le vendo mi finca; valía $70 millones, pero sumercé me la colocó en $930 millones”, afirmó el ciudadano mientras explicó que, tras el nuevo avalúo, el precio fiscal de la propiedad superó de manera abrupta su valor real. Entonces le hizo una propuesta irónica al primer dignatario: “Se la dejo en $500 millones, para que le quede ganancia de 430 millones”.

Según la denuncia, el aumento del avalúo de la finca fue de más de 13 veces su valor anterior.

La disputa sobre las actualizaciones catastrales: o el Gobierno, o las autoridades departamentales y municipales

Mientras un buen número de propietarios apuntan al presidente Petro, el jefe de Estado apunta a las autoridades municipales sobre el inconveniente de los avalúos catastrales.

“El avalúo se moderniza y a los alcaldes se les olvida que son ellos mismos que tienen la facultad de presentar un acuerdo para exonerar, no a los amigos mega ricos y uribistas, sino al pueblo trabajador. ¿Por qué ponen a los campesinos a hacer una barricada en contra del gobierno?“, dijo Petro en el Consejo de Ministros del lunes 13 de abril de 2026.

Al respecto, el investigador Juan Carlos Muñoz Mora, del Centro Valor Público de la Universidad Eafit, señaló a través de una columna publicada por La Silla Vacía, que el catastro actualizado no es el causante principal del alza en las facturas prediales.

Según Muñoz Mora, el diagnóstico de fondo no está siendo abordado por las protestas: “El catastro no es el culpable”, dijo.

El origen del problema, según el experto, se remonta a la Ley 44 de 1990, que estableció el sistema unificado del impuesto predial en Colombia. Este marco legal fijó tanto techos y pisos para las tarifas como una obligación de progresividad: “La tarifa efectiva debe aumentar a medida que sube el avalúo del predio”, explicó.

Sin embargo, los acuerdos municipales que definen los tramos de valor y las tarifas siguen anclados en valores desactualizados desde los años noventa, situación que “distorsiona la progresividad fiscal”.

El investigador detalló que, al actualizar los avalúos, “todos los predios, sin importar si son viviendas de interés social o edificios comerciales, quedan automáticamente clasificados en el tramo más alto”.

Así, una norma diseñada para que los propietarios con mayor capacidad pagaran más terminó aplicando una tarifa plana: “La diferencia entre lo que paga el predio más modesto y el más valioso del departamento es estadísticamente insignificante”, aseguró.

El estudio considerado por el académico, realizado en colaboración con la Gobernación de Antioquia y el Catastro de Antioquia, abarcó más de 929.000 predios y reveló que “la tasa efectiva mediana en el primer decil de la distribución de avalúos es de 9,5 por mil. En el décimo decil es de 10,0 por mil”.

El choque en las facturas prediales se produce cuando la tarifa plana se aplica sobre avalúos casi duplicados, situación que afecta tanto a pequeños propietarios como a grandes tenedores de tierra. “Cuando esa tarifa plana se aplica al doble del avalúo, la factura se dispara”, puntualiza Muñoz Mora.

El investigador insiste en que existe margen legal para que los concejos municipales rediseñen la estructura tarifaria y corrijan la carga sobre los contribuyentes. “La Ley 44 de 1990 delega en los concejos municipales la potestad de fijar tarifas dentro de los rangos legales”, recuerdó.

Los municipios pueden redefinir tramos de valor y tarifas según el uso del predio, ajustando la distribución tributaria sin necesidad de revertir la actualización catastral.