La intervención a Nueva EPS dejó al descubierto un agravamiento de su crisis financiera, con deudas que superan los $26 billones. La Superintendencia de Salud evidenció un deterioro sostenido desde 2024 que pone en duda la viabilidad de la entidad, según información obtenida por Blu Radio.
El volumen de facturas represadas alcanzó los $14,9 billones, lo que refleja fallas graves en el procesamiento de cuentas médicas. Esta situación ha generado efectos en cadena sobre hospitales, clínicas y usuarios del sistema, según información obtenida.
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Las dificultades financieras ya impactan la calidad del servicio, con retrasos en citas, entrega de medicamentos y aumento de quejas. El panorama compromete la atención de más de 11 millones de afiliados en el país.
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Facturas represadas y deudas en aumento
Desde la primera intervención en abril de 2024, la Nueva EPS ya presentaba déficits importantes en su estructura financiera, incluyendo faltantes en capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas necesarias para su operación.
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Sin embargo, lejos de mejorar, la situación se agravó con el paso del tiempo. Uno de los indicadores más críticos es el crecimiento de las facturas sin procesar, que pasaron de $5,7 billones al inicio de la intervención a $14,9 billones a finales de 2025, equivalentes a más de 14,2 millones de cuentas pendientes.
Este rezago en el procesamiento de pagos afectó directamente la contabilidad de la entidad y generó un impacto en toda la red de salud, ya que hospitales y proveedores comenzaron a acumular deudas significativas.
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En ese contexto, las cuentas por pagar aumentaron un 24 %, pasando de $18,38 billones en diciembre de 2024 a $26,09 billones en noviembre de 2025.
La Superintendencia de Salud explicó que este deterioro se relaciona con múltiples fallas operativas, entre ellas demoras en el procesamiento de cuentas médicas, dificultades en la legalización de anticipos y debilidades en los mecanismos internos de pago, citado por Blu Radio.
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Impacto en la atención y aumento de quejas
El deterioro financiero terminó trasladándose directamente a la calidad del servicio prestado a los usuarios. Según el diagnóstico de la Superintendencia, se evidencian problemas en la red de atención, incluyendo retrasos en citas especializadas y dificultades en la entrega de medicamentos.
Además, varias clínicas y hospitales han optado por restringir la atención a casos urgentes debido a la falta de pagos, lo que ha afectado el acceso a servicios para miles de afiliados.
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Las inconformidades de los usuarios también han aumentado de manera sostenida. Las quejas crecieron en un 37 %, mientras que las solicitudes registraron un incremento anual del 14,25 %, con una tasa mensual superior al promedio nacional.
Otro elemento crítico ha sido el uso masivo de anticipos como mecanismo para sostener el flujo financiero. Estos recursos crecieron un 115 %, alcanzando los $17,1 billones, sin lograr solucionar los problemas estructurales de la entidad.
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La crisis también ha impactado indicadores clave en salud pública, como la vacunación, el control de enfermedades crónicas y la detección temprana de patologías, lo que evidencia un deterioro integral del servicio.
Ante este panorama, el nuevo interventor deberá implementar medidas para recuperar la solvencia financiera, cumplir con las reservas técnicas y negociar acuerdos con acreedores, en un escenario donde la estabilidad del sistema y la atención de millones de usuarios están en riesgo.
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