Colombia le abre la puerta al almacenamiento de energía y promueve el cambio de reglas del sistema eléctrico

El sistema eléctrico colombiano acaba de dar un paso que, aunque técnico en apariencia, puede redefinir la forma en que se produce, distribuye y consume la energía en el país. La posibilidad de almacenar electricidad, algo que hasta hace poco parecía lejano en términos regulatorios, ya tiene un marco claro que abre la puerta a nuevas dinámicas en el sector.

La decisión quedó formalizada con la expedición del Decreto 0393 del 10 de abril de 2026, una norma que establece las bases para integrar los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) tanto en el Sistema Interconectado Nacional como en las Zonas No Interconectadas. Se trata de una apuesta por fortalecer la confiabilidad del servicio en medio de un escenario cada vez más marcado por la transición hacia energías renovables.

En la práctica, este cambio significa que Colombia podrá guardar energía en momentos de baja demanda para usarla cuando más se necesite. Un ajuste que, más allá de lo técnico, responde a una necesidad urgente de estabilizar un sistema que enfrenta la variabilidad propia de fuentes como la solar y la eólica. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lo resumió así: “este decreto marca un antes y un después en la forma en que gestionamos la energía en Colombia. Estamos incorporando tecnologías que nos permiten garantizar la confiabilidad del sistema y avanzar con decisión en la transición energética justa”.

El decreto no solo autoriza el uso de estas tecnologías, sino también las reconoce como actores activos dentro del mercado eléctrico. Es decir, los sistemas de almacenamiento no serán un complemento marginal, sino que podrán prestar servicios clave para la operación del sistema. Entre ellos están la regulación de frecuencia, el control de tensión, el respaldo energético y la gestión de la demanda. Este enfoque amplía el papel del almacenamiento, que deja de ser una solución puntual para convertirse en una herramienta estructural. En otras palabras, ya no se trata únicamente de guardar energía, sino de gestionar mejor toda la red eléctrica.

Además, la norma contempla su implementación en territorios donde históricamente el acceso a la energía ha sido limitado. Las Zonas No Interconectadas, regiones apartadas que no están conectadas al sistema nacional, aparecen como uno de los principales focos de esta política. Allí, el almacenamiento podría traducirse en un suministro más estable y menos dependiente de combustibles fósiles.

Desde el Gobierno, la medida se articula con la estrategia de transición energética, especialmente en lo relacionado con la expansión de fuentes renovables. En ese sentido, Palma insistió en que “el almacenamiento de energía es clave para aprovechar al máximo las fuentes renovables. Con esta regulación, damos señales claras para atraer inversión, modernizar el sistema eléctrico y reducir vulnerabilidades”.

Ahora bien, aunque el decreto fija las reglas generales, aún queda un componente clave por definir: cómo se operarán y remunerarán estos sistemas en la práctica. Esa tarea estará en manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que deberá establecer los criterios técnicos y económicos que permitan su participación efectiva en el mercado.

El propio ministro anticipó ese siguiente paso al señalar que “el Ministerio de Minas y Energía liderará la definición de los servicios que podrá prestar esta infraestructura, en coordinación con entidades técnicas del sector”, y agregó que “la Comisión ya avanza en estos temas y está próxima a expedir la reglamentación que permitirá su aplicación”.

Entre los usos más relevantes que se proyectan está la posibilidad de almacenar energía en horas de baja demanda para liberarla en momentos de alto consumo, reducir la congestión en las redes eléctricas y responder ante contingencias del sistema, incluso en escenarios extremos mediante mecanismos como el “black start”. Este conjunto de funciones convierte a los sistemas de almacenamiento en una especie de “colchón” operativo, capaz de absorber variaciones y mejorar la estabilidad general del sistema.

En paralelo, el decreto plantea un esquema de articulación entre actores públicos y privados para impulsar el desarrollo de estos proyectos. La idea es que la implementación no recaiga únicamente en el Estado, sino que también involucre inversión privada y capacidades técnicas del sector. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre energética, la apuesta por el almacenamiento aparece como una respuesta estratégica. Más aún, en un país que busca diversificar su matriz energética sin comprometer la estabilidad del servicio.