La cárcel de Itagüí, en el departamento de Antioquia, se mantiene en el centro de una controversia por la presunta repartición de $200 millones entre funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en un contexto donde las cámaras de seguridad del penal no estaban operativas.
Este hecho facilitó la realización de una fiesta con presencia de cabecillas de bandas delincuenciales y la presentación del cantante Nelson Velásquez, sin que quedaran registros en video de los excesos cometidos. La situación pone en entredicho los controles internos y la transparencia en uno de los principales centros de reclusión del país.
El dinero repartido y la ausencia de registros
De acuerdo con la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, la suma de $500 millones habría sido destinada a diferentes fines dentro del penal: una parte para la contratación de artistas, otra para adquirir licor y comida, y alrededor de $200 millones se habría repartido entre funcionarios del Inpec.
Carrasquilla afirmó que la Fiscalía será la entidad encargada de determinar las identidades de los beneficiarios de este reparto.
“Para los guardianes del Inpec que supuestamente también recibieron ese dinero por parte de estas estructuras criminales también deberían estar inmersos. No hay una cifra exacta, pero se dice que de esos $500 millones una fue para licor otra fue para la comida, el pago de los artistas, quedaron aproximadamente $200 millones para repartir entre quienes, tendrá la Fiscalía que determinar quiénes fueron”.
La ausencia de cámaras de seguridad funcionado en el pabellón de alta seguridad es uno de los factores que permitió la realización de la llamada ‘megaparranda’ vallenata sin registros visuales.
Al parecer, los cabecillas de las bandas delincuenciales habrían solicitado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) no reparar los dispositivos de videovigilancia. Esta petición habría buscado preservar la opacidad en las reuniones y movilizaciones internas, evitando así que las autoridades pudieran identificar a los participantes en actividades prohibidas.
Peticiones de cabecillas y fallas estructurales
La concejala Claudia Carrasquilla denunció que los voceros de paz, que participan en las mesas de diálogo con el Gobierno nacional, también habrían pedido que no se repararan las cámaras.
“Aprovecharon que las cámaras estaban malas y le solicitaron a la Uspec que no las reparara porque esto le permitía a ellos perder de cierta manera esa opacidad que manejan al interior, porque se podía establecer quienes llegan a las reuniones y a ellos no les serviría. Los cabecillas es que acá hay que hablar de lo que pasa en la cárcel, pero quien tiene el control de la cárcel son los 23 bandidos que se encuentran sentados en las mesas de los diálogos socio jurídicos”, sostuvo Carrasquilla.
Las cámaras que sí funcionaron durante la fiesta no pertenecían al penal, sino a la Alcaldía de Itagüí. A través de estos dispositivos, se registró el ingreso de vehículos y personas al concierto de Nelson Velásquez el 8 de abril, pero no se captaron imágenes del interior del pabellón ni de los detalles de la celebración.
Elementos incautados y hallazgos en la inspección
En una inspección reciente, las autoridades decomisaron una serie de elementos prohibidos en el pabellón de alta seguridad de Itagüí, entre ellos:
- 59 latas de cerveza Pilsen de 473 ml
- 1 botella de cerveza tipo Corona de 330 ml
- 9 botellas de cerveza tipo Corona de 210 ml
- 3 botellas de licor tipo cóctel de 275 ml
- 3 latas de licor tipo cóctel de 250 ml
- 1 botella de vino Gato Negro de 250 ml
- 2 botellas de licor José Cuervo de 750 ml
- 1 botella de ron Viejo Caldas de 750 ml
- 1 botella de licor tipo Buchanan’s con 400 ml,
- 3,52 gramos de sustancia vegetal
- 5,51 gramos de sustancia pulverulenta presuntamente cocaína
- 5 ETM
- 2 módems wifi
- 23 cargadores
- 1 radio parlante
- 17 SIM cards
- 4 navajas
- 1 control de videojuegos
- 1 diadema
- 3 parrillas eléctricas
- 32 cables de datos
- 7 manos libres.
- 62 neveras
- 11 estufas
- 26 ollas eléctricas
Así como televisores, consolas de videojuegos, equipos de sonido y otros electrodomésticos no autorizados. Estos hallazgos evidencian la falta de control sobre los objetos que ingresan y permanecen en los pabellones del penal.
La Fiscalía avanza en la identificación de los beneficiarios y en la recopilación de pruebas sobre la presunta omisión deliberada en la reparación de las cámaras de seguridad.
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