La adjudicación de contratos millonarios para la prestación de servicios de seguridad privada en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) está bajo la lupa, luego de que revelaran una serie de patrones que sugieren procedimientos amañados, poca transparencia y posibles favorecimientos a empresas específicas.
Tres de las cinco zonas en licitación ya fueron adjudicadas, mientras que las dos restantes permanecen en evaluación, ambas envueltas en controversia por la forma en la que se desarrolla el proceso.
Adjudicaciones en medio de advertencias y denuncias
La inquietud en el sector de la seguridad privada tomó fuerza tras el avance de licitaciones en el Sena, que suman más de $190.000 millones. Según el caso conocido por Infobae Colombia, existe un patrón reiterado: escasa participación de oferentes, denuncias sobre posibles favorecimientos y decisiones aceleradas por parte de la entidad estatal, pese a las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación.
Las alertas no impidieron que el Sena continúe adelante con procesos caracterizados por la baja concurrencia y la adjudicación a empresas previamente señaladas.
En tres de las cinco zonas en licitación, los contratos ya se adjudicaron a empresas que, según las denuncias recogidas por este medio, ya figuraban como favoritas antes de que se abrieran los sobres, lo que reforzó la percepción de que se trata de “una crónica de adjudicaciones amañadas anunciadas”.
Procesos en evaluación: Sucre y Cundinamarca bajo la lupa
Dos procesos aún no han concluido: el de la Regional Sucre por $48.000 millones y el de la Regional Cundinamarca por $36.000 millones. En ambos, los hechos recientes levantaron nuevas sospechas sobre la transparencia y el debido proceso.
En el caso de Sucre, la suspensión del proceso mediante la resolución 70-00081 el 10 de abril de 2026, que se extendió hasta las 6:39 p. m. del 13 de abril, resultó llamativa por su reanudación y cierre apenas 21 minutos después. Este lapso, inusualmente breve para la presentación de ofertas, fue interpretado como una maniobra para acelerar el cierre del proceso y restringir la competencia.
Otra señal de alerta surgió cuando tres de las ofertas se registraron con una diferencia de menos de cinco minutos entre cada una, lo que reforzaría las dudas sobre la legalidad y transparencia de la licitación, además de sugerir una posible coordinación entre los participantes.
La primera oferta en ser radicada correspondió a la Unión Temporal Infep 2026, integrada por Seguridad Fénix de Colombia (50%), Intercontinental (10%) y PPH Ltda. (40%).
La reputación de PPH Ltda. adquirió relevancia luego de que se filtrara un chat en una audiencia virtual, en la que se leía: “yo ya le dije a Pantoja que tiene que subir el % porque desde la central nos están presionando; toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo con los medios… vamos a responder todo, pero lo vamos a negar”.
Según el Sena, la conversación correspondería a una presunta suplantación, aunque el episodio no ha sido aclarado completamente.
El nombre mencionado en el chat corresponde a Jaime Esteban Pantoja, propietario de Seguridad Fénix, la empresa con mayor participación en la unión temporal. Pese a haberse advertido sobre posibles irregularidades, Fénix continúa como finalista mientras las directivas mantienen silencio ante los cuestionamientos.
En la Regional Cundinamarca, el número de oferentes se redujo a solo dos, y entre ellos se encuentra la Unión Temporal Pfis. Los denunciantes consideran que ya es posible anticipar el resultado y que, nuevamente, Fénix resultará adjudicataria, consolidando así el patrón observado en los procesos anteriores.
Contratos ya adjudicados: empresas recurrentes y alianzas estratégicas
En la zona Sena Risaralda, el contrato por $41.174 millones fue otorgado a la Unión Temporal Sena VAA 2026. Tal como se anticipó en informes previos de La República, la adjudicación recayó sobre Atalaya 1 Ltda, una empresa con experiencia en Cartagena, que en esta ocasión se asoció con Avizor Ltda, conocida por su actividad en los Llanos Orientales y su proximidad con la Gobernación del Meta.
Por su parte, en la zona Sena Meta, el contrato de $32.909 millones fue adjudicado a Alianza Di Seguridad, una unión empresarial en la que se identificó la presencia de Detección Seguridad Ltda, compañía reconocida por su historial de contratos en Santander, especialmente con la Alcaldía de Barrancabermeja.
Las coincidencias detectadas en la expedición de documentos y la presentación casi simultánea de ofertas motivaron llamados para que la Superintendencia de Industria y Comercio revise los procesos. Distintas voces del sector insistieron en la necesidad de una auditoría independiente que esclarezca si existieron acuerdos previos o prácticas restrictivas de la libre competencia.
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