
En los despachos donde se decide, muchas veces en cuestión de horas, si una mujer recibe o no protección, empezará a regir una nueva forma de evaluar el riesgo. El Ministerio de Justicia puso en marcha una guía técnica que deberán adoptar todas las Comisarías de Familia del país, con la promesa de cerrar vacíos que hoy pueden costar vidas.
La medida no llega en un vacío. Detrás hay cifras que evidencian fallas en la respuesta institucional y alertan sobre la urgencia de actuar con mayor precisión. En Bogotá, por ejemplo, decenas de mujeres acudieron a estas instancias buscando ayuda antes de ser asesinadas, sin que eso haya sido suficiente para evitar el desenlace.

El cambio apunta directamente a ese punto crítico, la identificación temprana del riesgo de feminicidio. La nueva hoja de ruta busca que psicólogos y trabajadores sociales cuenten con herramientas más claras para determinar cuándo una mujer está en peligro extremo y qué tan urgente debe ser la respuesta del Estado.
El contexto es contundente. Según la Fiscalía, entre 2016 y 2025 se registraron 342 feminicidios y 662 intentos en la capital del país. A esto se suma un subregistro preocupante, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género documentó que entre 2023 y 2024 hubo 212 asesinatos de mujeres en Bogotá, pero solo 47 fueron tipificados como feminicidio, mientras que otros 43 tenían indicios de haberlo sido.
En paralelo, persisten barreras estructurales. Aunque Colombia cuenta con un marco legal amplio para enfrentar la violencia de género, en la práctica hay limitaciones en el acceso a la justicia. Un informe de la OEA advirtió, por ejemplo, déficits en la atención de solicitudes de refugio en casos de riesgo extremo, falta de especialización en los tribunales y una brecha significativa entre denuncias y sentencias.
En ese escenario, las Comisarías de Familia cumplen un papel clave. Son, en muchos casos, la primera puerta a la que acuden las víctimas. En Bogotá hay 38 sedes que orientan, dictan medidas de protección y activan rutas institucionales. Sin embargo, los datos muestran que ese primer contacto no siempre logra frenar la violencia.

El informe Vidas que importan, datos que cuentan lo deja claro, el 74% de las víctimas de feminicidio en 2023 y 2024 no tenía medidas de protección. Además, el 40% había acudido previamente a una comisaría por conflictos familiares, mientras que otras habían denunciado amenazas, tentativa de feminicidio o violencia vicaria.
Incluso cuando hubo intervención institucional, el riesgo persistió. De las 12 mujeres que contaban con medidas de protección, cuatro reportaron incumplimientos por parte de sus agresores. “Los datos indican que la respuesta institucional no fue suficiente para interrumpir la violencia y evitar el desenlace feminicida”, señaló el documento.
Frente a este panorama, la nueva guía introduce un cambio metodológico. Establece cuatro ejes de valoración: antecedentes de violencia, conductas de control y dominación, amenazas y percepción de riesgo por parte de la mujer, además de cambios recientes en la relación. La idea es reducir la discrecionalidad y basar las decisiones en criterios técnicos.
Durante la presentación, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, fue enfático: “Hay que decirlo: nuestros operadores jurídicos, muchos de ellos hombres, siguen sin tomarse en serio los riesgos de feminicidio. Desnaturalizan las declaraciones de las mujeres; no les dan la importancia necesaria, y eso puede constituir un riesgo enorme de feminicidio. A la mujer siempre hay que creerle”.

La guía también amplía el alcance de la atención. Ya no se limita a relaciones de pareja heterosexuales, incluye parejas conformadas por mujeres y contextos de cuidado, como el de adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia económica.
La urgencia es evidente. Solo entre enero y febrero de este año, 481 mujeres fueron valoradas por riesgo de feminicidio en Bogotá; 221 estaban en nivel extremo. Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa concentran la mayor cantidad de casos. Detrás de cada cifra hay una historia que ya llegó a una oficina del Estado buscando ayuda. La apuesta ahora es que esa puerta de entrada no falle.
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