Estas fueron las millonarias pérdidas que dejó el paro contra el aumento del avalúo catastral: empresas ruegan porque no vuelva a suceder

La reapertura de las vías en Santander y Norte de Santander marcó el final del paro campesino luego de seis días de bloqueos que paralizaron el transporte y desencadenaron una crisis económica y social de gran impacto. El acuerdo entre líderes campesinos y el Gobierno nacional permitió levantar la protesta e iniciar la recuperación de la movilidad regional.

El paro, que afectó a la región durante casi una semana, provocó millonarias pérdidas económicas diarias y perjudicó sectores como el transporte, la industria, el comercio y la salud, según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el Consejo Gremial Nacional (CGN). Los gremios empresariales y la Alianza por Santander advirtieron sobre el colapso de cadenas logísticas, el freno a exportaciones y los riesgos para la estabilidad institucional y productiva del país.

Consecuencias económicas y sociales del paro campesino

Y es que en los corredores estratégicos de estos departamentos, los bloqueos generaron pérdidas económicas diarias de $120.000 millones por el impacto sobre el tráfico de mercancías entre Cúcuta y Bucaramanga, según la Andi. La entidad señaló que esta cifra incluye comercio nacional y binacional, lo que reflejó la importancia de esas rutas para el abastecimiento y competitividad regional.

En la Zona Franca Santander, el sistema de inventarios detectó una disminución de $3.800 millones diarios en el valor en puerto de origen de las salidas, lo que frenó casi por completo las actividades del sector exportador e industrial. El aeropuerto de Bucaramanga sufrió una reducción del 44% en el flujo de pasajeros, la cancelación de 120 operaciones aéreas y afectaciones para más de 12.000 usuarios.

Además, el paro obligó a suspender servicios intermunicipales para 100.000 pasajeros diarios, lo que dificultó el acceso a atención sanitaria y provocó un aumento del 30% en los costos de atención de emergencias. Clínicas e IPS reportaron problemas de suministro de insumos médicos.

Otras cifras lamentables fueron:

• La industria cárnica sufrió pérdidas por más de $2.800 millones, mientras la distribución de productos de primera necesidad enfrentó obstáculos por valor de entre $6.000 y $7.000 millones.
• Se descartaron alrededor de $800 millones en frutas y verduras, con otros $400 millones en alimentos perecederos expuestos a pérdidas.
• Resultaron bloqueados 32 camiones con aceite de palma, lo que representó pérdidas de $12.000 millones.
• Dejaron de circular aproximadamente 800 vehículos de carga por jornada, con un costo superior a $5.000 millones diarios.

De acuerdo con la Alianza por Santander, “la cancelación de exportaciones, la afectación en el sector agropecuario, así como las pérdidas económicas estimadas en cerca de $120.000 millones diarios, reflejan una alteración profunda en las condiciones básicas para la actividad productiva y el bienestar de la población”.

Hasta dónde llegó la crisis

La Andi expresó su preocupación al afirmar que “la crisis ha escalado a un nivel donde los bloqueos están generando pérdidas económicas significativas”. Reiteró que reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero subrayó que “este no puede prevalecer sobre derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo y la libre locomoción”.

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional advirtió que los efectos trascienden el ámbito regional y afectan el funcionamiento económico, el abastecimiento y la prestación de servicios esenciales. Según el gremio, estas acciones generan “afectaciones desproporcionadas sobre la ciudadanía, al aparato productivo y a la prestación de servicios esenciales”.

Asimismo, alertó sobre riesgos sistémicos para la confianza y la estabilidad nacional. “Se solicita un acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para prevenir se continúen vulnerando los derechos de la población y el aparato productivo”, sostuvo la organización en su comunicado.

Diálogo y demandas de garantías tras el paro campesino

Tanto la Andi como el Consejo Gremial Nacional insistieron en la importancia de canalizar las protestas sociales dentro del marco institucional y el diálogo, garantizando los derechos de quienes no participan en ellas. Exigieron la reactivación urgente de canales de concertación entre el Gobierno y los sectores afectados como condición para soluciones sostenibles y el restablecimiento del tránsito.

Para los gremios, era prioritario fortalecer el acompañamiento institucional en situaciones similares. Solicitaron que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo velen por las garantías de la población y el sector productivo en futuras protestas. Enfatizaron la necesidad de defender simultáneamente el derecho a la protesta pacífica, la movilidad y el desarrollo económico.

La preservación de la confianza en las instituciones se mantiene como base para el desarrollo productivo y social del país. Esta es la condición indispensable para encarar los retos que enfrentan el sector empresarial y las comunidades de la región.