Defensa de Gustavo Petro anunció acciones internacionales tras orden de rectificación por denuncias de presunto fraude electoral: “Censura previa”

El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, anunció que acudirá a instancias nacionales e internacionales tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena al mandatario rectificar afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral.

La defensa sostiene que la medida vulnera la libertad de expresión y constituye censura previa, mientras el fallo judicial exige corregir declaraciones realizadas en la red social X en un plazo de tres días.

La controversia se originó luego de que el tribunal ordenara al jefe de Estado rectificar publicaciones hechas en febrero sobre presuntas irregularidades en procesos electorales de 2014, 2022 y 2026. En el documento judicial se indica: “Ordenar al señor Presidente de la República que dentro de los tres días siguientes a la notificación (...) rectifique por el mismo medio utilizado (la red social X) (...) las afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral”.

Reacción de la defensa

A través de su cuenta en X, el abogado Alejandro Carranza manifestó su desacuerdo con la decisión judicial y anunció recursos legales. “El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió hoy una medida cautelar que, con el mayor respeto hacia la judicatura, consideramos jurídicamente insostenible”, señaló.

Carranza informó que se activaron mecanismos de defensa tanto en el ámbito nacional como internacional. “Activamos de inmediato los mecanismos domésticos e internacionales disponibles para defender la libre expresión. Recurrimos en reposición y en apelación ante el Consejo de Estado”, indicó, al tiempo que confirmó que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su pronunciamiento, el abogado agregó: “Acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La decisión vulnera estándares del Sistema Interamericano que Colombia se obligó a respetar”.

Argumentos jurídicos presentados

El defensor expuso una serie de objeciones jurídicas frente a la medida cautelar. Entre ellas, sostuvo que la providencia constituye censura previa. “La providencia constituye CENSURA PREVIA, prohibida de manera absoluta por el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el artículo 20 de la Constitución. No existe ponderación posible que la habilite”, afirmó.

Carranza también cuestionó la interpretación del tribunal sobre decisiones del Consejo de Estado. Según explicó, “el fallo ordena RECTIFICAR afirmaciones sobre la sentencia del Consejo de Estado de 2018 a partir de una lectura que invierte la lógica jurídica”, al considerar efectos normativos de un auto de aclaración cuya solicitud fue negada.

Asimismo, señaló que la orden de abstenerse de emitir expresiones futuras sin una sentencia de fondo implica una limitación previa al discurso. “Se ordena abstenerse de emitir expresiones futuras SIN SENTENCIA DE FONDO. Ello equivale a imponer responsabilidades previas sobre el discurso”, indicó.

Otro de los puntos planteados hace referencia a decisiones previas del mismo tribunal. El abogado afirmó que existen antecedentes documentados sobre irregularidades electorales. “Las irregularidades en las elecciones de 2022 que el fallo declara ‘inexistentes’ están documentadas en una sentencia del PROPIO Tribunal (...) más de 600.000 votos del Pacto Histórico no fueron transmitidos el día de las elecciones”, expresó.

En relación con el requisito de urgencia de la medida, Carranza sostuvo que no se acreditó el daño. “El PERICULUM IN MORA o peligro no se acredita. (...) El daño que la medida pretendía prevenir nunca se materializó”, afirmó.

Finalmente, defendió las declaraciones del presidente al referirse a decisiones judiciales previas. “El Presidente no mintió: describió hechos judicialmente acreditados”, concluyó, agregando: “Defendemos el derecho de todos los colombianos a conocer la verdad sobre su sistema electoral. (...) NO SE RECTIFICARÁ ¡A LA BATALLA!”.

Pronunciamiento del presidente

No es la primera vez que una autoridad judicial ordena al presidente rectificar declaraciones en la red social X. En diciembre pasado, el mismo tribunal le ordenó corregir señalamientos realizados contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta en X. “Jamás un presidente de la república le debe enseñar a su sociedad a arrodillarse ante la convicción de sus derechos fundamentales”, escribió.

En el mismo mensaje añadió: “Ni censura ni negación de la libertad de expresión, se a que me expongo pero los derechos fundamentales y mi conciencia y mi objeción de conciencia ante la arbitrariedad se imponen”, y anunció que responderá formalmente a la decisión judicial.

El mandatario concluyó: “El lunes el tribunal administrativo de Cundinamarca que me ayudó a defender mis derechos en otros tiempos, tendrá mi respuesta”.