Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Petro rectificar afirmaciones sobre fraude electoral en 2014, 2022 y 2026

Nuevamente, el presidente Gustavo Petro se ve obligado a rectificar públicamente. La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al primer mandatario rectificar afirmaciones que hizo en su momento relacionadas con un presunto fraude electoral.

La decisión surgió tras estudiar una solicitud de medida cautelar de urgencia relacionada con una demanda interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán en el ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. En la demanda, el jurista solicitó que se declare que el jefe de Estado puso en “grave riesgo” los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, así como la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral y la confianza en las instituciones.

Esto, al advertir un posible fraude electoral en las elecciones de 2026 sin sustento técnico, probatorio ni institucional. El presidente afirma que el software para el preconteo y los escrutinios no es completamente seguro y que hay evidencias de que en procesos electorales anteriores hubo irregularidades (2014 y 2022). Además, indica que el Consejo de Estado ordenó en su momento que se utilice un software propio del Estado para garantizar la transparencia de los comicios.

En ese sentido, el accionante solicitó que se ordenara al primer mandatario que aclarara o se retractara de sus afirmaciones y exponer ante la ciudadanía la fuente de información que fundamenta sus denuncias.

También solicitó “que se ordene a la Presidencia de la República y al señor Presidente adoptar de inmediato medidas idóneas para proteger y garantizar los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral”.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recordó al mandatario que uno de sus deberes como presidente es procurar la colaboración armónica con los demás órganos del Estado y el respeto por la independencia de la organización electoral.

De igual manera, ordenó “al señor Presidente de la República que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la presente providencia rectifique por el mismo medio utilizado (red social X) y con características similares las afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral en los comicios para Senado de la República 2014 (partido Mira) y 2022 (coalición Pacto Histórico) y elecciones legislativas de 2026″.

El primer mandatario también deberá abstenerse de hacer afirmaciones iguales o similares a las que son motivo de discusión, en relación con las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el 8 de marzo de 2026 y a las que se realizarán el 31 de mayo de y el 21 de junio, correspondientes a la primera y segunda vuelta presidencial. El jefe de Estado no puede cuestionar la confiabilidad de la organización electoral, compuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El presidente hace acusaciones “infundadas”, según el Tribunal

Según el alto tribunal, las advertencias del presidente Petro con respecto a un presunto fraude electoral son “infundadas” y constituyen “una amenaza de perjuicio irremediable” al poner en duda la confiabilidad de la organización electoral sin la fundamentación debida. Eso compromete la estabilidad social en el país.

“Pone en entredicho los valores y principios más esenciales del contrato social entre los colombianos”, precisó.

Aclaró que, contrario a lo que dijo el mandatario, el Consejo de Estado no ha asegurado en ningún momento que el software electoral tenga fallas en su seguridad informática y tampoco afirmó que la Registraduría está obligada a adquirir otro software. Además, indicó que en las elecciones de 2014 no hubo fraude y en las de 2022, que fueron comicios legislativos, tampoco hubo fraude; se identificaron errores que generaron una diferencia entre el preconteo y los escrutinios.

Asimismo, indicó que en las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026 hubo una diferencia de menos del 1% entre el preconteo y el escrutinio, siendo este un indicador positivo que también desdibuja la posibilidad de un fraude electoral.