Un nuevo caso de demora en la atención médica de la Nueva EPS terminó en tragedia. Silvio Perafán, un adulto mayor de 86 años afiliado al régimen contributivo de la entidad, falleció tras varios meses sin recibir el tratamiento especializado que su condición cardíaca requería, pese a contar con un fallo de tutela a su favor.
La situación ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del cumplimiento de órdenes judiciales y la capacidad de la EPS para garantizar la atención integral de sus afiliados.
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Según el relato de su familia, Perafán padecía una enfermedad cardíaca que requería atención especializada y un tratamiento urgente que nunca se materializó. La tutela fue interpuesta el 16 de diciembre de 2025 y fallada el 31 de diciembre del mismo año, ordenando a la EPS garantizar de manera integral el tratamiento requerido. Sin embargo, las órdenes judiciales no fueron cumplidas, lo que derivó en el agravamiento progresivo de su estado de salud.
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El 7 de enero de 2026, el adulto mayor fue hospitalizado en el Hospital Universitario de San José debido a complicaciones derivadas de su enfermedad. Dos días después, los médicos tratantes solicitaron su remisión a un especialista en electrofisiología y a una clínica de falla cardíaca, con el fin de realizar el implante de un dispositivo cardiorresincronizador o cardiodesfibrilador, indispensable para regular el ritmo de su corazón.
Pese a la urgencia, la remisión no se concretó.
La familia interpuso un incidente de desacato el 22 de enero, que avanzó incluso a segunda instancia ante el Tribunal Superior de Popayán. En este proceso fueron vinculados directivos de la red prestadora y de la EPS, pero según denuncian, no hubo respuesta efectiva ni cumplimiento de las órdenes judiciales. Durante los tres meses siguientes, el paciente permaneció hospitalizado mientras su condición se deterioraba progresivamente.
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El Hospital Universitario de San José intentó estabilizar a Perafán, pero la falta del dispositivo requerido habría impedido un manejo adecuado de su enfermedad, lo que provocó complicaciones adicionales, incluyendo fallas renales y pulmonares.
La familia denunció que acudió a la Superintendencia de Salud y a diversas instancias judiciales sin obtener soluciones oportunas. También señalaron que se habrían emitido sanciones contra funcionarios responsables que no se hicieron efectivas.
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Finalmente, tras una prolongada hospitalización y el agravamiento de su estado clínico, Silvio Perafán falleció. Sus familiares calificaron lo ocurrido como una “espera injustificada” y cuestionaron la falta de acciones para hacer cumplir las decisiones judiciales en un caso que consideraban urgente.
El fallecimiento de Perafán no es un caso aislado. En los últimos meses, varios pacientes han muerto mientras esperaban atención o medicamentos de la Nueva EPS. Uno de ellos fue Kevin Arley Acosta Pico, un niño con hemofilia, quien falleció el 13 de febrero de 2026 por la falta de suministro de su medicamento vital, según una investigación de la Procuraduría.
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De igual manera, Javier Pinzón Sandoval, de 20 años, murió el 14 de marzo de 2026 mientras esperaba la entrega de medicamentos para leucemia linfoblástica aguda, que no recibió desde octubre de 2025. Estos casos evidencian un patrón de retrasos y deficiencias en la atención médica, especialmente en situaciones urgentes y con fallos judiciales a favor de los pacientes.
La repetición de incidentes como los de Perafán, Acosta y Pinzón genera inquietud sobre la capacidad de la Nueva EPS para cumplir sus obligaciones legales y garantizar la atención en salud de sus afiliados, así como sobre los mecanismos de supervisión y sanción por parte de las autoridades competentes.
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En este contexto, la familia de Silvio Perafán insiste en la necesidad de medidas efectivas para que las órdenes judiciales sean cumplidas, y reclama que se implementen acciones concretas para prevenir que casos similares continúen ocurriendo. La muerte del adulto mayor se suma a un historial de fallas en la prestación de servicios, que incluye retrasos en tratamientos críticos y la ausencia de transparencia financiera y administrativa.
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