Irene Vélez negó que existan retaliaciones políticas ante nuevo proceso contra Hidroituango: “No es personal”

La ministra encargada de Ambiente explicó que las decisiones sobre el proyecto hidroeléctrico se basan en pruebas técnicas y normas legales

Irene Vélez, ministra (e) de Ambiente - crédito Colprensa
Irene Vélez, ministra (e) de Ambiente - crédito Colprensa
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La ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, se pronunció sobre los cuestionamientos acerca de la apertura de un proceso sancionatorio contra el proyecto de Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia.

La funcionaria, en declaraciones a Caracol Radio, recalcó que el proceder de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad que efectúo la indagación preliminar contra la central eléctrica, se sustenta en criterios técnicos y responde a la función de control ambiental establecida.

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Además, Vélez enfatizó que no existe motivación personal detrás de su gestión y que las actuaciones de la autoridad ambiental obedecen exclusivamente a procesos legales y técnicos.

“Este no es un tema personal (…) no se puede considerar una retaliación, sino que es un proceso de investigación que responde a la función de control ambiental”, precisó la funcionaria al citado medio de comunicación.

Hidroituango - crédito @sociedadhidroituango/Instagram
Hidroituango - crédito @sociedadhidroituango/Instagram

La funcionaria sostuvo que todas las determinaciones de la ANLA —incluyendo sanciones y controles— se ejecutan mediante mecanismos normativos estructurados y bajo la supervisión de equipos técnicos especializados.

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Además, enfatizó que los procedimientos sancionatorios atraviesan diversas etapas, lo que prolonga los tiempos de resolución y descarta la arbitrariedad: “El proceso sancionatorio es largo… no es una cosa que uno de la noche a la mañana decide hacer”, detalló Vélez.

La ministra encargada describió las distintas fases formales por las que atraviesan los expedientes sancionatorios: desde la apertura, pasando por la formulación de cargos y el periodo probatorio, hasta alcanzar la decisión de fondo.

En su intervención, Vélez indicó que cada uno de estos pasos puede extenderse durante años, ilustrando así la naturaleza técnica y prolongada de los procesos de control ambiental desarrollados por la autoridad.

“El proceso sancionatorio es largo (…) no es una cosa que uno de la noche a la mañana decide hacer”, precisó.

Foto de archivo de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez. EFE/ Carlos Ortega
Foto de archivo de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez. EFE/ Carlos Ortega

Causas de la investigación

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, detalló que el proceso sancionatorio se fundamenta en tres hallazgos técnicos.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, señaló que el primero corresponde a una posible inadecuada gestión del caudal liberado por el embalse, con potencial daño ambiental en la ribera del río Aguasabá. Según la ministra, este aspecto podría afectar la estabilidad ambiental del área.

El segundo apunta a presuntas fallas en la coordinación entre el caudal liberado aguas abajo y el recibido en la estación Olaya, aguas arriba de la represa. “Hemos encontrado presuntas fallas en esa coordinación entre lo que se libera aguas abajo y lo que se recibe aguas arriba”, manifestó durante la entrevista.

Por último, se identificó que la cota del embalse superó el nivel autorizado de 408, alcanzando 409 en febrero y marzo de 2026, lo que habría provocado la inundación de aproximadamente 600 hectáreas de vegetación y afectaciones en la fauna de la zona.

Se espera que Hidroituango entre en funcionamiento a finales de 2027 - crédito Colprensa
Se espera que Hidroituango entre en funcionamiento a finales de 2027 - crédito Colprensa

La ministra subrayó que la apertura del proceso es una acción de cumplimiento legal y constituye la primera respuesta oficial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ante los posibles daños ambientales en el proyecto Hidroituango.

“Nuestra función, en ese sentido, es asegurar que tenemos el cuidado ambiental máximo de forma tal que este, que es un bien colectivo y primario para toda la ciudadanía, nosotros lo cuidamos de la mejor manera”, recalcó.

Sin embargo, la investigación generó reacciones divididas en el departamento. Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien utilizó su cuenta en X para acusar al gobierno del presidente Gustavo Petro de actuar con hostilidad hacia Antioquia.

“Estos solo saben destruir. El odio contra Antioquia se le nota demasiado”, aseguró el mandatario distrital en sus redes sociales.

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

Gutiérrez reivindicó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) —administradora de Hidroituango— ha sido recuperada durante su gestión de “las garras de la corrupción”, responsabilizando a figuras cercanas al presidente Petro de daños pasados a la empresa y comparando su gestión con la situación de Ecopetrol, la compañía estatal petrolera.

“EPM es una empresa 100% eficiente. Y miremos comparaciones. Mientras nosotros llevamos bien a EPM y la recuperamos de las garras de la corrupción de quienes se robaron a Medellín (amigos de Petro), ellos acabaron con Ecopetrol”, declaró.

El mandatario local también advirtió sobre la importancia estratégica de Hidroituango para el país.

“Si no fuera por Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento. Nos defenderemos y seguiremos resistiendo. Que cese pronto la horrible noche”, afirmó Federico Gutiérrez, subrayando el papel crítico de la hidroeléctrica en el suministro eléctrico nacional.

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