
En la mañana del martes 31 de marzo de 2026, se conoció que la Fiscalía General de la Nación suspendió 23 órdenes de captura contra líderes de estructuras del crimen organizado en Medellín, en respuesta a una solicitud del Gobierno nacional y en el marco de la fase exploratoria de las negociaciones de “paz urbana” con la Casa de Nariño.
Según lo establecido en la Resolución 0072 de 2026 del ente acusatorio y que fue revelado por Caracol Radio, la suspensión de las capturas fue establecida por un periodo inicial de seis meses, con opción de prórroga según el desarrollo de las conversaciones.
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La decisión busca avanzar hacia la desarticulación de organizaciones armadas y la transformación de economías ilícitas en el Valle de Aburrá, aunque el proceso aún carece de un marco jurídico validado por el Congreso de la República.
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Entre los nombres que aparecen en el listado fijado por la entidad, aparecen notorios cabecillas asociados a la organización conocida como La Oficina como José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas), Freyner Alfonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre), Juan Carlos Mesa Vallejo (alias Tom), Sebastián Murillo Echeverri (alias Lindolfo) y Walter Alonso Román Jiménez (alias El Tigre).

Así mismo, el grupo de beneficiados incluye tanto negociadores principales (ocho en total) como suplentes de la mesa (quince), así como otros miembros estratégicos de las redes delincuenciales del Valle de Aburrá.
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Del mismo modo, información revelada por Caracol Radio y El Colombiano revelaron que, tras el documento oficial, se conoció la salida de prisión de siete cabecillas que participaban como voceros en la mesa de exploración socio jurídica en la cárcel La Paz de Itagüí.
De acuerdo con los listados publicados por los medios citados, los líderes que recuperaron la libertad en las últimas semanas son Gustavo Adolfo Pérez Peña (alias El Montañero), Albert Antonio Henao Acevedo (alias Alber), Andrés D’maría Oliveros Correa (alias Mundo Malo), Jhon Fredy Yepes Hoyos (alias Clemente), Mauricio de Jesús Morales Múnera (alias El Abogado), Fredy Alexánder Henao Arias (alias Naranjo) y Rodrigo Henao Acevedo (alias Perica).
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Todos ellos formaban parte activa de la mesa de diálogo socio jurídico en el penal del municipio antioqueño.
La Fiscalía sostiene que estos acercamientos han coincidido con una disminución en los homicidios, desapariciones y desplazamientos intraurbanos en Medellín y el Valle de Aburrá. También se señala una reducción de las llamadas “fronteras invisibles” en algunos sectores afectados por el conflicto.
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La medida, solicitada de manera formal, está amparada en el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que autoriza la suspensión temporal de acciones judiciales para quienes integran espacios de negociación con el Estado y permite garantizar la movilidad y participación de los voceros en procedimientos dirigidos a la desarticulación de estructuras criminales y su tránsito hacia la legalidad.

El ‘tarimazo’ de Petro en la Alpujarra
Es importante recordar que los cabecillas mencionados habían participado en un evento liderado por la Presidencia de la República en la Plaza de La Alpujarra (centro de Medellín) realizado en junio de 2025.
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El acto, liderado por el presidente Gustavo Petro y algunos integrantes de su gabinete ministerial, fue presentado como parte de los diálogos de la “Paz Total” y la negociación de paz urbana impulsada por el gobierno.
Sin embargo, generó todo tipo de controversias en los sectores políticos y sociales del país, al considerar que los sujetos habían sido previamente condenados por narcotráfico y homicidio.
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Por este acto, el mandatario está siendo investigado ante la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes, con el objetivo de establecer si existió alguna instrucción directa o irregularidad en el traslado de los reclusos desde la cárcel.

Paralelamente, un juzgado de Medellín interpuso denuncias penales contra exdirectivos del Inpec al autorizar la presencia pública de los internos sin la aprobación de un juez de ejecución de penas.
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Durante el acto, también fue señalada la senadora Isabel Zuleta, alcanzada por procesos en el Consejo de Estado y la Procuraduría dirigidos a esclarecer su posible papel en la organización logística y política del evento, así como en la movilización de los líderes criminales.
De hecho, la congresista del Pacto Histórico, durante el evento de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda en Medellín, destacó que los avances del diálogo incluyen la reducción de homicidios en el área metropolitana de Medellín, aunque aclaró que el proceso sigue en fase exploratoria.
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