El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el concurso de méritos para notarios en Colombia, un proceso que buscaba proveer 329 cargos en todo el país y que ahora queda en pausa mientras el alto tribunal estudia una demanda de nulidad contra el Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025, norma que dio origen a la convocatoria.
La decisión representa un nuevo giro en un trámite que ya venía siendo cuestionado por problemas jurídicos, operativos y presupuestales.
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La medida cautelar fue adoptada bajo ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, quien ordenó suspender en su totalidad el acto administrativo que definía las bases, el cronograma y las reglas del concurso.
Con ello, se frena la selección de 329 notarios, de los cuales 30 están actualmente en encargo y 299 permanecen en interinidad, según las cifras discutidas en el proceso. En el país existen 920 notarías, y 591 cuentan con titular en propiedad.
La suspensión se conoció en medio de una sesión del Consejo Superior de la Carrera Notarial, instancia encargada de dirigir el proceso de selección, en la que participaron autoridades del sector justicia, incluyendo representantes de las altas cortes, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General y delegados del gremio notarial. En esa reunión también se analizaron las múltiples dificultades que han rodeado el desarrollo del concurso.
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Uno de los elementos que más peso tuvo en la discusión fue la incertidumbre sobre la legalidad del diseño del proceso. De acuerdo con información judicial, la demanda que originó la medida cautelar advierte que la convocatoria podría no haber cumplido requisitos legales esenciales, lo que obligó al Consejo de Estado a suspenderla de forma preventiva mientras se toma una decisión de fondo.
Crisis contractual en el operador del concurso
A la suspensión judicial se suma una creciente controversia alrededor del operador encargado de ejecutar el proceso. El concurso es administrado por la Universidad Libre, mediante un contrato firmado con la Superintendencia de Notariado y Registro por más de $8.127 millones.
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La universidad solicitó la terminación anticipada del contrato al argumentar que las modificaciones al cronograma inicial alteraron de forma sustancial las condiciones de ejecución. Según su posición, los cambios introducidos durante el desarrollo del proceso generaron una carga operativa y financiera no prevista, lo que afectó el equilibrio económico del acuerdo.
La institución señaló que las ampliaciones del cronograma y los ajustes en la estructura del concurso configuraban una situación de “excesiva onerosidad sobreviniente”, lo que haría inviable continuar bajo las condiciones originales. Este punto ha generado preocupación sobre la viabilidad técnica del proceso en curso.
Advertencias de órganos de control
El concurso también ha estado bajo la lupa de entidades de control. La Contraloría General de la República había advertido presuntas fallas en planeación, supervisión y gestión documental del contrato. Entre los hallazgos se mencionaron retrasos en cronogramas, ajustes improvisados en plataformas tecnológicas, y falta de trazabilidad en la información contractual, según el medio El Universal.
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El organismo de control también señaló inconsistencias entre los documentos reportados en Secop II y los archivos disponibles, además de la ausencia de un expediente consolidado que permitiera verificar la totalidad del proceso administrativo. Estas observaciones alimentaron dudas sobre la transparencia y organización del concurso.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación había advertido posibles riesgos para el debido proceso de los aspirantes, al no existir mecanismos claros para presentar recursos frente a decisiones adoptadas durante la convocatoria. También cuestionó la forma en que se habrían convocado algunas sesiones del órgano rector del concurso y la posible utilización de normas que ya no estaban vigentes.
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Con la decisión del Consejo de Estado, el concurso queda suspendido en todas sus etapas. El cronograma anterior preveía la apertura de inscripciones en junio de 2026, pruebas escritas en octubre del mismo año y publicación de resultados en 2027. Sin embargo, todas estas fases quedan en suspenso hasta que haya un fallo definitivo sobre la legalidad del proceso.
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