Luego de años de pertener a a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y presuntamente vinculado a varios crímenes y actividades ilegales, finalmente la Fiscalía General entregó formalmente un predio rural en la ciudad de Santa Marta valorado en más de 17.000 millones de pesos para la repación de víctimas del conflicto armado en Colombia.
Según indicó el ente investigador en la mañana del martes 26 de mayo, el predio fue transferido al Fondo para la Reparación de Víctimas tras demostrar que el terreno estuvo bajo control de cabecillas de las AUC, incluidos los hermanos Castaño, durante más de 20 años.
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La finca, localizada en la periferia de Santa Marta, figuraba a nombre de Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, empresarios condenados por sus vínculos con líderes paramilitares. Las autoridades comprobaron que ambos mantenían una sociedad que facilitó el uso económico del predio a favor de las AUC. Durante ese periodo, el terreno fue explotado para fines agroindustriales, lo que generó rentabilidad directa para los grupos armados ilegales y sus allegados.
La incautación y posterior entrega a las víctimas responde a una estrategia institucional que busca restituir derechos y saldar deudas históricas con quienes sufrieron desplazamiento forzado y despojo de tierras en la región.
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Cómo se produjo la incautación y quiénes se beneficiarán
El proceso se concretó luego de que la Fiscalía, a través del Grupo de Persecución de Bienes, lograra demostrar que la adquisición del lote estaba ligada a actividades ilícitas. Los investigadores establecieron que las estructuras paramilitares con influencia en Chocó intimidaron y desplazaron a comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, permitiendo que empresarios como los Zúñiga Caballero impulsaran proyectos de palma en terrenos arrebatados.
En respuesta a la solicitud de la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín dictó medidas cautelares de embargo y secuestro, suspendiendo cualquier disposición sobre el bien. De esta manera, el inmueble quedó bajo administración estatal, destinado a contribuir en los procesos de reparación integral.
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La entrega material del predio marca un paso en la restitución de tierras y en la reparación integral de quienes perdieron su patrimonio por la violencia paramilitar. Según la Fiscalía, el hecho permitirá avanzar en el restablecimiento de derechos y en la reconstrucción del tejido social en comunidades golpeadas por el conflicto.
La medida se inserta en una política más amplia de persecución de bienes adquiridos ilícitamente y de devolución a las víctimas, con la expectativa de que otros procesos similares tengan lugar en diferentes regiones del país.
Las autoridades recalcaron que la devolución del lote responde a una demanda histórica de justicia y representa un avance en la lucha contra la impunidad en casos de desplazamiento y despojo de tierras.
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Policía Nacional aplicó extinción de dominios a bienes en Bogotá y Norte de Santander: estaban al servicio del narcotráfico
La Policía Nacional ejecutó la operación Nemesis Plus y obtuvo la extinción de dominio sobre bienes por 24.934 millones de pesos, una medida que golpeó las finanzas de una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico en Bogotá, Cúcuta y el municipio de San Cayetano, en Norte de Santander, y que dejó los activos bajo control estatal para impedir que siguieran alimentando su capacidad económica.
Seis bienes muebles e inmuebles fueron ocupados en el procedimiento: dos lotes, un parqueadero, dos motocicletas y un establecimiento de comercio. Todos quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), según la información del operativo.
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La intervención fue coordinada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la SAE. El objetivo fue afectar de forma directa el patrimonio de la red criminal investigada.
La operación cerró una investigación que permitió descubrir y documentar actividades ilícitas que, según las autoridades, ponían en riesgo la seguridad económica local y nacional.
El caso tiene un antecedente: la organización intervenida ya había sido desarticulada en 2012 tras pesquisas de la Agencia Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que derivaron en la extradición y condena de dos de sus integrantes.
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