Ministerio de Ciencia sigue sin definir $2,7 billones y genera alerta en investigadores del país

Las dudas sobre el destino de millonarios recursos para la investigación en Colombia siguen creciendo, mientras universidades y centros académicos esperan una respuesta definitiva. Aunque el dinero está disponible, los proyectos aún permanecen en una especie de limbo administrativo que inquieta al sector.

En los últimos días, la discusión tomó un nuevo rumbo tras el pronunciamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La entidad respondió a las cartas enviadas por decanos e investigadores que alertaban sobre el riesgo de perder financiación para iniciativas del bienio 2023–2024.

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El punto central del debate no es menor, cerca de $2,7 billones que estaban destinados a investigación todavía no tienen una decisión final. En medio de esta incertidumbre, el ministerio fue enfático en aclarar que los proyectos no son descartados. Por el contrario, siguen sin una determinación formal. “los proyectos asociados a las convocatorias del bienio 2023–2024 no han sido objeto de decisión por parte del OCAD CTeI”.

Detrás de esta situación hay un nudo jurídico que frenó el proceso. Un concepto emitido por la Oficina Jurídica del Departamento Nacional de Planeación introdujo una interpretación clave, los proyectos que no completaron su ciclo dentro del bienio no podrían financiarse con recursos del periodo anterior. Esa lectura habría llevado a suspender, al menos temporalmente, el avance de varias iniciativas.

Sin embargo, el mismo concepto abrió un debate más amplio. Según explicó Franck Yurlian Olivares Torres a El Espectador, los recursos que no se aprueban dentro del plazo establecido pasan automáticamente a ser parte del siguiente bienio. En otras palabras, el dinero no desaparece, pero cambia de destino potencial. Este punto genera inquietud en las universidades, que ven en esa transición un riesgo para procesos que llevan años en construcción. Desde el sector académico advierten que no se trata solo de cifras, sino de equipos de investigación, resultados esperados y compromisos institucionales que podrían verse afectados.

En respuesta a estas preocupaciones, el ministerio confirmó que ya se instaló una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría y otros actores del sistema. El objetivo es revisar el alcance del concepto jurídico y encontrar salidas que permitan dar continuidad a los proyectos.

Entre las alternativas que se analizan está la posibilidad de modificar el marco normativo vigente. En particular, se estudia una actualización del Decreto 1821 de 2020 que podría incluir un mecanismo de transición entre bienios. Según el ministerio, allí “se evaluará la posible inclusión de una disposición normativa que permita establecer un régimen de transición entre bienios”.

Aun así, hay un elemento clave que sigue sin activarse: la convocatoria del órgano encargado de tomar decisiones. El ministerio explicó que la Secretaría Técnica del Ocad puede citar a sesión, pero solo si sus miembros lo solicitan. Hasta ahora, ese paso no se ha dado. “La Secretaría Técnica del Ocad CTeI convocará sesión de Ocad, previa solicitud de sus miembros (…). Hasta la fecha dicha solicitud no ha sido presentada a la Secretaría”.

En medio del debate, el Gobierno insistió en que el problema no es presupuestal. De hecho, hay recursos disponibles. Según el documento oficial, “la Secretaría Técnica informó sobre la existencia de saldos disponibles de $3,9 billones”. Esto descarta que la falta de dinero sea la causa del retraso.

A pesar de ello, la preocupación persiste. Las universidades advierten sobre posibles impactos administrativos y fiscales, además del riesgo de perder el trabajo acumulado durante cerca de tres años. Incluso señalan la existencia de una “falla estructural, sistemática y recurrente de la Secretaría Técnica del Ocad”. Por ahora, el panorama sigue abierto. Aunque el concepto jurídico no es vinculante, lo que significa que el ministerio podría apartarse de él, hacerlo implicaría una justificación más amplia. “Técnicamente, no. Pero apartarse del concepto requeriría una explicación un poco más extensiva por parte del ministerio”, explicó Olivares Torres.