La condena de 23 años de cárcel al senador Ciro Ramírez por delitos de corrupción en el caso ‘Las marionetas 2.0’ representa uno de los mayores escándalos políticos recientes en Colombia.
La Corte Suprema de Justicia lo halló culpable de cohecho propio y concierto para delinquir, por haber intervenido en la asignación irregular de contratos estatales con recursos que superaron los 90 mil millones de pesos.
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Ciro Ramírez fue sentenciado tras comprobarse su participación en la adjudicación de al menos 15 contratos del Departamento de Prosperidad Social en cinco departamentos.
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El proceso judicial incluyó su captura en diciembre de 2023 y la suspensión de su curul en febrero de 2024.
La Sala Especial de Primera Instancia impuso una pena de 279 meses y ocho días de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por 280 meses y 20 días, y una multa superior a 19.402 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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La Corte Suprema de Justicia condenó al senador Ciro Ramírez a prisión por concierto para delinquir y cohecho propio, tras detectar su participación en contratos estatales adjudicados irregularmente durante el gobierno de Iván Duque.
Entre 2020 y 2024, el patrimonio declarado del senador experimentó una caída estimada del 18%, mientras las deudas disminuyeron radicalmente y sus declaraciones de bienes reflejaron significativas variaciones, según los expedientes consultados por El Tiempo.
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Declaración de renta y patrimonio de Ciro Ramírez
El patrimonio líquido de Ciro Ramírez presentó cambios relevantes entre sus declaraciones de renta de 2020, 2023 y 2024, de acuerdo con los documentos oficiales revisados por El Tiempo.
En 2020, declaró 1.101 millones de pesos, cifra que disminuyó a 880 millones en 2023 y subió levemente a 900 millones en 2024, aunque sin recuperar el valor inicial.
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Durante ese mismo periodo, las deudas se redujeron de 176 millones de pesos en 2020 a poco más de 19 millones en 2024.
Los ingresos reportados aumentaron un 83% entre 2020 y 2023, al pasar de 478 millones a 878 millones de pesos, pero en 2024 esa cifra descendió a 150 millones. Las únicas declaraciones disponibles corresponden a esos tres años, ya que los documentos de 2021 y 2022 no se encuentran publicados en la plataforma Función Pública.
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En cuanto a cuentas bancarias, en 2020 registró una de ahorros con saldo de $80 millones, que cayó a $29 millones en 2023 y luego subió a $33 millones en 2024. Esa evolución financiera recoge tanto los altos y bajos propios de sus actividades como el impacto de las investigaciones judiciales.
En la declaración de 2020, Ramírez reportó cinco bienes patrimoniales en Cajicá, Cundinamarca: una casa valorada en $356 millones, dos vehículos, dos cuentas por cobrar por más de $445 millones, además de inversiones por $371 millones. También declaró participación como socio capitalista en cuatro sociedades: Corpo Ltda., Inversiones Raco S.A., Ramicor S.C.A. y Promotora S.A.S.
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En la declaración de 2023, los bienes se limitaron a una cuenta bancaria y cuentas por cobrar en Bogotá por 970 millones de pesos. La participación en sociedades ya no fue reportada y sus obligaciones se redujeron a un préstamo de $128 millones. En inversiones, solo registró un CDT por 8 millones.
Para 2024, Ramírez no declaró bienes inmuebles ni inversiones en Colombia o el exterior, y mantuvo solo una cuenta por cobrar en Bogotá por $919 millones de pesos y deudas por cerca de $19 millones. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, en esta etapa no se encontraron propiedades a su nombre.
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Vínculos familiares y relación con los Panama Papers
El Tiempo identificó que las propiedades inmobiliarias de mayor valor en el entorno inmediato del senador corresponden a su esposa, Lorencita Builes Cardona, hija del exsenador Humberto Builes, condenado por parapolítica. Builes Cardona figura como propietaria de dos inmuebles en Bogotá (uno en Barrios Unidos y otro en Usaquén), una casa en Oikos Savanna Palos Verdes en Zipaquirá y dos lotes en Antioquia: uno en Sopetrán y otro en Santo Domingo.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), citada por el medio mencionado, señala que la esposa del senador tuvo participación accionaria en dos empresas aludidas en los Panamá Papers, radicadas en paraísos fiscales.
Estas sociedades han sido referenciadas internacionalmente como instrumentos para la evasión tributaria y el ocultamiento de recursos vinculados a movimientos sospechosos.
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