Senador del Centro Democrático lamentó condena contra Ciro Ramírez por corrupción: “Para mí es una noticia triste”

La condena de 23 años de prisión contra Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, por parte de la Corte Suprema de Justicia, ha generado todo tipo de reacciones en la clase política colombiano.

El turno fue para su compañero de bancada Carlos Meisel que manifestó su pesar por la sentencia dirigida a su colega.

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No obstante, el legislador, en diálogo con Caracol Radio, enfatizó en que la justicia sea la que determine la responsabilidad de Ramírez y remarcó que, de hallarse culpable, tendrá que responder por sus actos.

“Para mí, obviamente, es una noticia triste. A mí no me pidan que yo me alegre de este tipo de cosas, ni tampoco, eh, estoy celebrando absolutamente nada (...) Y simplemente lo que sí es que, lógicamente, si Ciro no logra demostrar su inocencia, con el dolor del alma, que le caiga todo el peso de la ley”, manifestó el congresista de oposición al citado medio de comunicación.

El parlamentario también se refirió a las críticas dirigidas a su partido provenientes del Pacto Histórico y de otros sectores, lamentando que, en sus palabras, se estén haciendo expresiones positivas al respecto.

“Yo voté positivo la conmemoración del asesinato de los miembros de la Unión Patriótica. Yo mandé un mensaje de solidaridad cuando se murió Piedad Córdoba. Yo mandé un mensaje también cuando lo de Nicolás Petro diciendo que eso no se le desea a nadie. A mí me duele que algunos compañeros se alegren de la desgracia personal de la gente”, añadió.

Ante el respaldo dado por la campaña de Paloma Valencia contra el hoy condenado senador, Meisel aseguró que espera que se tomen las medidas necesarias frente al caso.

“Yo respeto mucho las decisiones y las directrices que toman al interior de la campaña, pero yo aspiro que ellos, o esperaría, que ellos tomen sus medidas. Además, tampoco creo que Ciro esté ahora mismo en plan de estar haciendo proselitismo político”, indicó.

Al detallar los efectos de la sentencia, el senador del Centro Democrático recordó que los congresistas implicados en procesos judiciales pueden defenderse en libertad y permanecer en sus funciones mientras se resuelven los recursos legales.

“En los procesos, o los permiten defenderse en libertad o como el caso reciente de los dos últimos congresistas que cogieron presos, le dictan medidas de aseguramiento mientras el proceso. Tengo entendido que cuando a Ciro le levantan esa medida, puede retornar a la libertad y sus funciones”, remarcó.

Fallo contra Ciro Ramírez

Según la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, se establece que Ciro Ramírez utilizó su posición en el Congreso de la República entre 2020 y 2022 para manipular contratos y direccionar recursos provenientes del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en beneficio de una estructura de intereses privados.

La investigación judicial identificó un punto crítico en la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, norma que restringe la contratación directa en contexto electoral.

Según la investigación, durante esos días se firmó el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el DPS y la empresa estatal Proyecta, por un valor de $48.660.000.000. El expediente menciona que este convenio permitió la repartición ilícita de proyectos de obra pública e interventoría, asignados de manera anticipada mediante la entrega de sobornos estimados en $1.000 millones.

Las pruebas recabadas por la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia demuestran que el plan fue ejecutado a partir de un acuerdo entre Pablo César Herrera, asesor de Proyecta, y Ciro Ramírez.

Según registros del tribunal, Herrera mantenía informado a Ramírez sobre los avances administrativos de los contratos, y ambos participaron, el 13 de octubre de 2021, en una reunión con Pierre García, exsubdirector del DPS, para planear un nuevo convenio interadministrativo que consolidaría el esquema delictivo.

A partir del pacto entre funcionarios y empresarios, las licitaciones de obra e interventoría, identificadas con los nombres “Saldaña” y “Quindío Varios”, quedaron bajo control de una red encabezada por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez. Este grupo designaba discrecionalmente a los beneficiarios finales de los recursos canalizados a través del contrato con Proyecta.

Paralelamente, obras y contratos de interventoría en municipios como Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar fueron adjudicados a empresas dirigidas por Anderson González González.

Todo el esquema, según lo documentado en la sentencia, tenía por objetivo consolidar estructuras locales de poder político en los departamentos de Quindío, Caldas, Santander y Tolima.

En el proceso quedó consignado que la estrategia fue concebida y promovida por Pierre García, quien impulsó negociaciones mediante la entrega de beneficios económicos ilícitos que, según la evidencia judicial, superaron el umbral de los $1.000 millones.

Durante el desarrollo del caso, conocido mediáticamente como Las Marionetas 2, también fueron sometidos a investigación otros senadores. En 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir procesos formales contra Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa, tras considerar que no existía elemento probatorio que los vinculara a la conducta investigada.