La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia encendió una nueva alerta sobre el futuro de los ahorros pensionales en Colombia al denunciar que el Gobierno nacional estaría intentando acceder en forma anticipada a 25 billones de pesos provenientes de los fondos privados.
La congresista anunció que ya activó acciones ante la Corte Constitucional para frenar la medida, al considerar que carece de sustento legal y pone en riesgo los recursos de miles de afiliados.
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Según Valencia, el Ejecutivo pretende basarse en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 para justificar el traslado masivo de recursos hacia Colpensiones, pese a que la reforma pensional se encuentra actualmente suspendida por decisión judicial.
La senadora advirtió que esta maniobra “no solo es ilegal, sino que abre la puerta a un uso indebido del ahorro de los trabajadores”, en un contexto político marcado por la cercanía de procesos electorales.
El núcleo de la controversia radica en que el Gobierno buscaría convertir recursos de ahorro de largo plazo en liquidez inmediata para cubrir necesidades fiscales.
Esta interpretación ha sido cuestionada por la Contraloría General de la República, que calificó la operación como inviable debido al impacto potencial sobre más de 100.000 afiliados y la estabilidad del sistema pensional.
El Banco de la República también expresó reparos técnicos y jurídicos. En comunicaciones dirigidas al Ministerio de Trabajo, el emisor advirtió que una liquidación acelerada —en un plazo cercano a 15 días— no está contemplada en la normativa vigente y podría generar distorsiones en los mercados financieros, especialmente porque una parte significativa de los recursos está invertida en deuda pública.
De hecho, del total en discusión, cerca de 17,5 billones de pesos se encuentran en títulos de deuda del Estado. Una venta forzada de estos activos podría alterar el comportamiento del mercado y afectar variables clave como las tasas de interés, incrementando la presión sobre las finanzas públicas.
Valencia sostuvo que su acción ante la Corte busca frenar un posible “exceso en la potestad reglamentaria” del Gobierno.
En su argumentación, señala que mientras la reforma pensional siga suspendida, no existe base jurídica para ejecutar el traslado de recursos desde los fondos privados hacia el sistema público. “Cualquier decreto en ese sentido será demandado de inmediato”, advirtió.
La disputa también ha escalado al plano gremial. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones anunció que acudirá al Consejo de Estado para solicitar la nulidad del decreto y medidas cautelares urgentes.
Su presidente, Andrés Mauricio Velasco, insistió en que los recursos deben permanecer bajo administración de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que los afiliados consoliden efectivamente su derecho a pensión.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el número de personas directamente impactadas. De acuerdo con cifras citadas en el análisis, de los 119.496 afiliados potencialmente involucrados, solo 18.507 han consolidado su derecho pensional.
El resto continúa en etapa de acumulación de ahorro, lo que refuerza la preocupación sobre un eventual traslado anticipado.
El expediente que definirá el futuro de esta controversia ya está en manos de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses.
Allí se evaluará el alcance del artículo 76 de la Ley 2381 y la viabilidad de la denominada “ventana de traslado” en medio de la suspensión judicial de la reforma.
Mientras tanto, centros de estudio como Anif han advertido sobre las implicaciones fiscales de la medida.
Sus proyecciones indican que el traslado podría generar un faltante de hasta 5 billones de pesos en 2026 y ampliar la brecha a 15,2 billones para 2030, trasladando la carga a futuras generaciones mediante mayores impuestos o endeudamiento.
En el trasfondo, el debate no solo es jurídico, sino estructural. Colombia administra actualmente más de 526 billones de pesos en ahorros pensionales de cerca de 20 millones de afiliados, según datos de la Superintendencia Financiera.
La decisión sobre estos 25 billones se convierte así en un precedente clave para la arquitectura del sistema.
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