Nueva medida del Gobierno Petro permitirá un cambio en las tarifas de acueducto y alcantarillado: así cobrarán ahora las empresas

El Gobierno nacional expidió un nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado dirigido a grandes empresas prestadoras, por medio de la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026. La medida impactará de forma directa a millones de usuarios urbanos y tiene como eje el equilibrio entre la suficiencia financiera de las compañías operadoras y la garantía del acceso al agua como derecho fundamental, luego de un proceso técnico-participativo de cinco años y la incorporación de aportes de la consulta pública.

Dicha medida para acueducto y alcantarillado en Colombia consiste en una regulación que establece las reglas para que las empresas que atienden a suscriptores en zonas urbanas definan sus tarifas bajo criterios técnicos y de suficiencia financiera, con el objetivo de salvaguardar el acceso al agua como derecho y asegurar la prestación sostenible de los servicios. La norma afecta a grandes prestadores urbanos y será aplicada luego de la publicación de la Resolución CRA 1032, lo que impacta a cerca de 30 millones de habitantes.

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La resolución establece que las empresas de acueducto y alcantarillado, que sobrepasen los 5.000 suscriptores y operan en ciudades, deberán ajustar la determinación de tarifas y gestión interna conforme a la nueva regulación. El propósito es garantizar tarifas justas y promover el uso eficiente del recurso, bajo lineamientos que integran suficiencia financiera y derechos de los usuarios.

Dentro de las entidades responsables de la formulación del nuevo esquema tarifario figuran:

• Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
• Ministerio de Vivienda.
• Ministerio de Ambiente.
• Ministerio de Salud.
• Departamento Nacional de Planeación.
• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Así lo señala el comunicado oficial del Gobierno nacional, que resalta la colaboración entre diversas entidades para la elaboración de la normativa.

Enfoque social y motivación del nuevo marco tarifario

El objetivo de la reforma, según la ministra de Vivienda, Helga Rivas, es que “el servicio de agua y saneamiento llegue con tarifas justas, establecidas de forma equitativa, con transparencia, eficiencia y sostenibilidad”. La funcionaria señaló que el instrumento “incorpora un enfoque diferencial que articula lo económico con los derechos de la ciudadanía”.

La ministra también recalcó que “esta nueva resolución es un instrumento de regulación acorde al programa de Gobierno del presidente Petro, lo que permite el acceso al agua como bien común, un derecho fundamental para todos”. Así, el Gobierno inscribe el acceso al agua en la agenda de derechos y lo sitúa como fundamento para la regulación tarifaria.

Desde la CRA, la directora encargada Gloria Narváez explicó que “el nuevo marco tarifario pone al usuario en el centro de la regulación y reconoce al agua como un bien común y público”.

Proceso técnico y consulta pública del nuevo esquema

La expedición de la Resolución CRA 1032 es el resultado de cinco años de evaluación técnica y de un proceso de consulta pública. Según el comunicado oficial, “el marco tarifario se emitió tras cinco años de evaluación técnica rigurosa y un proceso amplio de revisión pública al que fueron sometidos los estudios técnicos de soporte, el proyecto de resolución y su respectivo documento de trabajo”.

Durante la consulta se recibieron 1.631 aportes de ciudadanos, empresas, academia y otros sectores involucrados. Dichas sugerencias, observaciones y reparos “fueron incorporados en el proceso de formulación de la regulación”, según precisa la comunicación del Gobierno.

Las autoridades destacaron que la metodología resultante integra criterios técnicos y voces de la comunidad, con el fin de responder a los desafíos reales de acceso, cobertura y sostenibilidad de los servicios públicos en el país.

Características técnicas y diferenciales del esquema tarifario

Según el documento oficial, la nueva normativa incorpora una “arquitectura metodológica orientada a promover el equilibrio entre sostenibilidad financiera y asequibilidad tarifaria”. La metodología define criterios para la determinación de tarifas y prioriza el acceso al agua, sin perder de vista los requerimientos económicos que permiten la viabilidad de los prestadores.

Además, la regulación contempla el acceso al agua y al saneamiento como componentes esenciales. Incorpora aspectos de disponibilidad, accesibilidad, calidad, igualdad y no discriminación en el diseño del sistema tarifario. Asimismo, el esquema reconoce los costos asociados a la gestión ambiental, incluidas inversiones obligatorias y adicionales que deben asumir las empresas, e integra requisitos de eficiencia, innovación y calidad en la prestación del servicio.

“El marco se sustenta en una arquitectura metodológica orientada a promover el equilibrio entre sostenibilidad financiera y asequibilidad tarifaria”, apuntó el Gobierno.

El esquema servirá también como “instrumento para la planeación sectorial de alcaldías y gobernaciones”, con la finalidad de fortalecer la cobertura y calidad del servicio en el ámbito local. La competencia de vigilancia y control recaerá en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se encargará de los mecanismos de supervisión y del cumplimiento de la nueva regulación, de acuerdo con lo establecido en el comunicado oficial.

Aplicación territorial e impacto en planeación sectorial

La Resolución CRA 1032 será implementada por grandes empresas de acueducto y alcantarillado en las principales ciudades de Colombia. Estas compañías deberán cumplir las nuevas reglas de regulación, lo que exige ajustes en políticas internas y esquemas tarifarios, en concordancia con los lineamientos técnicos y sociales.