En entrevista con Infobae, abogado de “Lobo Menor” acusó a Noboa y Petro de poner “la cuota inicial para su asesinato”

Tras la expulsión de Colombia de Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como “Lobo Menor” y pieza clave dentro de la estructura criminal de Los Lobos en Ecuador, que está siendo vinculado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en su país, el abogado Gustavo Salazar denunció irregularidades en el traslado de su cliente.

En diálogo con Infobae Colombia, Salazar amplió su denuncia y aseguró que la expulsión de su cliente de Colombia se hizo de manera ilegal, puesto que se ha demostrado que su vida estará en peligro en Ecuador.

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“Al mundo le contamos que esa extradición, que en realidad fue una expulsión, puso en peligro y todavía está en peligro la vida del señor Ángel Esteban Aguilar Morales. Lo enviaron a una cárcel en la que han matado seis personas colombianas comprometidas en el crimen (asesinato de Fernando Villavicencio). El señor presidente de la República de Ecuador debe responder ante el mundo si le llega a pasar algo, si hay algún atentado contra Aguilar. El jefe de Estado de Ecuador es responsable de cuidar, con la policía y la guardia penitenciaria, a este caballero que tantas veces se ha dicho y se ha repetido, fue enviado en forma irregular, de forma arbitraria por el Gobierno colombiano, porque se le irrespetó el debido proceso administrativo”.

Salazar indicó que a su cliente no le respetaron los derechos y fue enviado sin ningún tipo de conducto regular a Ecuador.

“La ley es clara en que no se puede deportar ni expulsar a una persona cuando su vida corre peligro. Nosotros sumariamente en la acción de tutela lo dijimos, lo expresamos y al mismo tiempo lo probamos, que la vida de este caballero corre peligro. Se formuló una acción de tutela y la Corte Constitucional dispone y establece que el trámite no puede ser demasiado acelerado, que tiene que respetársele el derecho”.

Tras indicar que la expulsión de “Lobo Menor” habría sido ilegal, Gustavo Salazar indicó que el presidente Gustavo Petro, Migración Colombia y el Inpec serán responsables de lo que le pueda pasar a Aguilar.

“Si se le acusó de tener papeles falsos, que hasta el momento no se probó, ¿por qué razón no lo pusieron a disposición de las autoridades colombianas? Allí se cometieron muchas irregularidades que pondremos en conocimiento de la Procuraduría. Se llamó a Migración Colombia, a la directora Gloria Esperanza Rivero López. Nunca contestó. Ella conocía la tutela. Si fuera por orden presidencial, el presidente de la República y el director de la Interpol deben responder por ese acto arbitrario e injusto“.

Salazar confirmó que su cliente llegó bien a Ecuador, pero no ha podido tener ningún tipo de contacto con él hasta el momento, lo que mencionó como una muestra de la ausencia de derechos que tienen los presos en ese país.

“Se supo que llegó en la madrugada y fue recluido en una cárcel, que es precisamente la cárcel El Encuentro, que es una cárcel peligrosísima. La vida de este caballero está en peligro, se dijo y se ha dicho. Lo más grave es que allá no lo dejan ni ver. Allá parece que no hubiera Estado de derecho, porque la justicia no opera. Aquí debió hacerse lo que se hizo en España, que ha negado la extradición por motivos de seguridad del llamado “Lobo Mayor”, Wilmar Chavarría”.

El jurista reafirmó que está preocupado por la integridad de “Lobo Menor” y acusó al Gobierno colombiano de ayudar a que la vida del criminal ecuatoriano esté en peligro.

“Su familia, sus abogados, el entorno y muchas personas en Ecuador saben que esa expulsión irregular es la cuota inicial para su asesinato en una cárcel. Nosotros creemos que podemos todavía pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Por último, Gustavo Salazar aseguró que se encargará de demostrar todas las irregularidades que se registraron durante la salida de “Lobo Menor” de Colombia.

“Yo lo que deseo añadir es que una cosa es la cooperación internacional y otra cosa es la violación flagrante de los derechos de una persona. La Corte Constitucional indica que debe respetársele su derecho, el derecho a la vida a toda persona, la dignidad y el debido proceso, lo que no ocurrió en esta oportunidad”.