Un nuevo escándalo académico ha puesto a la Fundación Universitaria San José bajo el escrutinio público, luego de que se conociera que la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, recibió el título de Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional a través de un programa virtual ofrecido mediante un convenio con la Corporación Universitaria Reformada.
Esto ocurre pese a que el Ministerio de Educación Nacional solo autoriza el programa en modalidad presencial y exige autorización expresa para los convenios entre instituciones.
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La polémica ha desatado un cruce de declaraciones entre Ramírez y la representante Jennifer Pedraza, quien denuncia que la situación revela graves vacíos en la supervisión estatal y cuestiona directamente la actuación del ministerio.
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En entrevista con Caracol Radio, Pedraza explicó: “La Corporación Universitaria Reformada solo tiene autorización para ofrecer esta especialización de manera presencial. La senadora nos acaba de decir que ella se graduó precisamente en un programa virtual y así uno está repleto de irregularidades. Entonces, aquí la responsabilidad está sobre los hombros del Ministerio de Educación”.
Para Pedraza, este caso no es aislado. La representante aseguró que hay múltiples personas afectadas por prácticas similares de la Fundación San José: “He escuchado a personas que se declaran víctimas de la Fundación Universitaria San José en el sentido de que han sido estafadas, que han asistido a clases virtuales y se han cumplido requisitos en una universidad que parece más bien funcionar como una fachada”.
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Según la congresista, la institución carece de autorización para ofrecer la especialización en la modalidad virtual y la proliferación de irregularidades se ve favorecida por la falta de control efectivo del Ministerio de Educación.
La representante también criticó la respuesta de la autoridad educativa, acusando a su titular, Daniel Rojas Medellín, de minimizar el problema: “El propio ministro de Educación está minimizando las noticias y las denuncias que hemos hecho desde el Congreso. La gente confía en un ministerio que supuestamente le garantiza que esos títulos son reales”.
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Pedraza calificó la situación como “una negligencia grave” que genera un riesgo directo sobre la credibilidad de los títulos universitarios y la confianza ciudadana.
Frente a estas denuncias, la senadora Ramírez se defendió, asegurando que desconocía el trasfondo del convenio y su potencial irregularidad al momento de cursar la especialización: “Yo me di a la tarea de ejecutar el programa junto con los docentes (…) Yo no conocía toda esta investigación, lo conocí hasta el escándalo de Juliana Guerrero”.
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La legisladora explicó que confió en la trayectoria institucional de la Fundación y en la validez de los programas ofrecidos.
Ramírez también cuestionó el modelo educativo que, según ella, facilita estas situaciones: “Somos víctimas de un modelo neoliberal impuesto en Colombia, en que se deja uno de sus ejes fundamentales, como es la educación, bajo responsabilidad de privados y fundaciones que luego el Estado trata de regular. Muchas fundaciones realizan lo que ha mencionado la colega. Entonces, mira el trabajo tan enorme que le corresponde al Congreso de la República. Sí, al Congreso. No culpo al gobierno ni al Congreso de la República”.
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En la misma línea, la senadora anunció que solicitó formalmente al ministerio explicaciones sobre la certificación que exige la universidad: “Voy a pedir explicaciones; ya hice un oficio al Ministerio para que me informe de la certificación que requiere la universidad (…) somos víctimas de un modelo en el que la educación quedó en manos de privados”.
El caso de Ramírez ha revelado un problema de alcance más amplio. Según la representante Pedraza, la Fundación San José habría otorgado numerosos títulos irregulares que podrían afectar la trayectoria académica y profesional de cientos de personas, exponiendo a funcionarios públicos y generando dudas sobre la validez de diplomas utilizados para acceder a cargos estatales.
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La intervención del ministerio y las investigaciones en curso buscan determinar la magnitud de las irregularidades y garantizar la protección de los ciudadanos frente a estas prácticas.
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