Capturaron en Itagüí a la llamada ‘reina de la escopolamina’: tenía condena vigente y usaba una identidad falsa

Un operativo que comenzó como un procedimiento rutinario terminó destapando uno de los casos más delicados de hurto en el sur del Valle de Aburrá.

Las autoridades confirmaron la captura de una mujer señalada de liderar una modalidad delictiva basada en el uso de sustancias para someter a sus víctimas, conocida popularmente como la “reina de la escopolamina”.

El hecho se registró en una discoteca del municipio de Itagüí, donde uniformados atendían denuncias relacionadas con el robo de teléfonos celulares. Durante la intervención, dos mujeres fueron conducidas al Centro de Traslado por Protección (CTP) con el fin de verificar su identidad y esclarecer lo ocurrido. Lo que parecía un caso menor dio un giro inesperado.

En medio del procedimiento, una de las retenidas intentó evadir el control presentando documentos que no le pertenecían. Según el reporte oficial, utilizó la identidad de su hermana con la intención de evitar ser reconocida por las autoridades. Sin embargo, inconsistencias en la información encendieron las alertas.

Gracias al trabajo conjunto entre la Policía Judicial y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, se realizó un cotejo de datos que permitió establecer la verdadera identidad de la mujer: se trataba de Indira Surgey Orrego, quien tenía una orden de captura activa.

Las autoridades confirmaron que sobre ella recaía una condena de 90 meses de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado, además del uso de menores de edad para la comisión de actos delictivos. Su historial criminal ya la vinculaba con múltiples casos de robo en establecimientos públicos de la región.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría desarrollado un método reiterado para cometer los delitos. Su estrategia consistía en acercarse a las víctimas ganándose su confianza, en muchos casos haciéndose pasar por profesional del sector salud y una vez lograba establecer cercanía, utilizaba sustancias como la escopolamina para dejarlas en estado de vulnerabilidad y posteriormente despojarlas de sus pertenencias.

Este patrón de conducta habría sido aplicado en distintos puntos del sur del área metropolitana, lo que ahora está siendo analizado por las autoridades para determinar el alcance total de sus acciones y posibles cómplices.

Tras la captura, el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho en el que esta mujer pudiera estar involucrada. El objetivo, según explicó, es fortalecer el proceso judicial y consolidar nuevas pruebas que permitan esclarecer más casos.

“A quienes reconozcan a esta mujer y hayan sido sus víctimas, interpongan la denuncia correspondiente o que se acerquen a la Alcaldía, donde les daremos orientación y acompañamiento en el proceso penal para que esta señora no ponga más en riesgo la vida de los ciudadanos”, aseguró el secretario de Seguridad.

Actualmente, la capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las investigaciones correspondientes. Paralelamente, se trabaja en la recolección de testimonios de posibles víctimas que ayuden a ampliar el expediente.

Las autoridades reiteraron la importancia de estar alerta ante este tipo de modalidades delictivas, especialmente en espacios nocturnos o de alta concurrencia, donde los delincuentes aprovechan la confianza y la distracción para actuar.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes del Valle de Aburrá, no solo por la sofisticación del método utilizado, sino también por el uso de identidades falsas para evadir la justicia. Mientras avanza el proceso, las autoridades no descartan que surjan nuevas denuncias que permitan dimensionar el impacto real de esta red delictiva.

En conclusión, la captura de esta mujer en Itagüí no solo pone fin temporalmente a una modalidad delictiva que venía afectando a ciudadanos en espacios públicos, también evidencia la importancia de la denuncia oportuna y el trabajo articulado de las autoridades. El caso deja en evidencia cómo operan estas redes y refuerza el llamado a la prevención, mientras avanza el proceso judicial que buscará esclarecer la magnitud de los hechos y garantizar justicia para las víctimas.