Gobierno Petro le exigió a la Registraduría acceso total al código fuente del software electoral para auditarlo: “Estamos a tiempo”

El Gobierno nacional sigue insistiendo en que se le permita acceder a la totalidad del código fuente que controla el software de preconteo y escrutinio de votos, tras los reiterados llamados del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el sistema electal.

De hecho, en la mañana del miércoles 18 de marzo, durante el encuentro de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó una solicitud a la Registraduría Nacional para que se le entregue al Ejecutivo los datos necesarios.

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Según indicó el jefe de cartera, aunque las elecciones al Congreso se desarrollaron sin contratiempos, con resultados positivos tanto en el preconteo como en el escrutinio, todavía existe la necesidad de fortalecer la transparencia del sistema electoral mediante una auditoría técnica exhaustiva del software utilizado en los comicios.

Benedetti explicó que el Gobierno nacional ha formalizado la petición ante la Registraduría Nacional para permitir la revisión y auditoría del código fuente y del software electoral.

El objetivo es que los partidos políticos puedan acceder a estos elementos tanto el día de las elecciones como durante el escrutinio. Según el ministro, “lo que estamos pidiendo es que se pueda hacer una verdadera auditoría del software para que se quiten las dudas. Que los partidos tengan acceso al código fuente el día de las elecciones y durante el escrutinio, porque ahí es donde empiezan a verse inconsistencias entre el número de votantes y el número de votos”.

La solicitud contempla la participación de peritos expertos y el tiempo suficiente para realizar un análisis riguroso, asegurando que los partidos dispongan de la información necesaria durante toda la jornada electoral y la semana siguiente.

“Junto a la ministra TIC hemos pedido a la Registraduría que no solo nos muestre, sino que nos permita auditar, con el tiempo y los peritos necesarios, el código fuente y el software utilizado en el preconteo y escrutinio. Estamos a tiempo de definir una agenda para este proceso y garantizar que los partidos tengan acceso a esta información durante la jornada electoral y la semana de escrutinios”, señaló Benedetti.

En respuesta al pedido, la ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, confirmó que existen actualmente 22 análisis de vulnerabilidad y servicios web desarrollados por los partidos políticos.

“Nosotros hacemos el acompañamiento técnico, pero también se requiere de un ente que certifique esta auditoría y de los peritos informáticos para que llevemos a cabo este proceso”, señaló la ministra.

Entretanto, luego del encuentro, los representantes del Ejecutivo aseguraron que el Gobierno nacional ha avanzado en la implementación del Plan Nacional de Garantías Electorales 2026, que incluye 96 acciones dirigidas a reforzar la transparencia, la seguridad y la confianza en el proceso electoral.

Entre las medidas adoptadas, la Policía Nacional identificó 208 municipios en nivel de atención dentro del mapa de riesgo electoral, permitiendo así focalizar labores de prevención y seguridad en las zonas más sensibles.

Con relación a la transparencia electoral, la estrategia Uirel ha recibido hasta el momento 2.111 quejas asociadas a las elecciones de Congreso y 15 sobre el proceso presidencial. Todas han sido remitidas a las autoridades competentes para su análisis y resolución.

La revisión y auditoría del software electoral para las elecciones de 2026 ha sido solicitada por el Gobierno colombiano con el fin de garantizar la transparencia y la confianza en el proceso.

Las autoridades buscan que los partidos políticos puedan acceder al código fuente y al software usado en el preconteo y el escrutinio, permitiendo así una verificación independiente y técnica durante y después de la jornada.

La garantía de acceso y auditoría al software electoral será un elemento central para los comicios presidenciales, y su implementación dependerá de la coordinación entre la Registraduría, el Ministerio del Interior, las TIC y los partidos políticos.

El proceso incluye la definición de una agenda para la verificación y la integración de peritos informáticos y entes certificadores, con miras a despejar cualquier duda sobre la integridad de los resultados.