La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Iván Moreno Rojas, exsenador de la República, a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en el esquema de corrupción conocido como el “carrusel de la contratación” en Bogotá.
La decisión, emitida el 11 de marzo de 2026 y recogida en la sentencia anticipada bajo la Ley 600 de 2000, establece además una inhabilidad de igual duración para ejercer funciones públicas y el pago de una millonaria indemnización a favor del Distrito.
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Según la sentencia, Moreno Rojas fue hallado responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía, con base en los artículos 409 y 397-2 del Código Penal.
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El fallo le impuso una multa de $880.802.287, que deberá ser consignada al Tesoro Nacional.
Los hechos investigados
La investigación judicial demostró que, durante el periodo en que Samuel Moreno Rojas fue alcalde de Bogotá (2008-2011), su hermano, el entonces congresista Néstor Iván Moreno Rojas, utilizó su influencia para afectar la contratación pública en la ciudad.
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El expediente señaló que, a través de terceros como Héctor Julio Gómez González, Mercedes del Carmen Ríos Hernández y Andrés Alberto Cardona Laverde, Moreno intervino indebidamente en la adjudicación de contratos, promoviendo la entrega de comisiones ilegales y favoreciendo a determinados contratistas. Parte de estos hechos se materializaron en convenios de asociación con la Secretaría de Integración Social, por montos superiores a los $51.877 millones.
El tribunal también condenó a Moreno Rojas a pagar una suma adicional por concepto de daños y perjuicios a favor del Distrito, equivalente a $7.657.198.064, monto que deberá ser actualizado al momento de su cancelación. En el fallo, la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila dejó constancia de que no habrá condena en costas y se notificó a las autoridades competentes para la ejecución de la sentencia.
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La defensa del exsenador podrá interponer recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal negó la posibilidad de que Moreno Rojas acceda a mecanismos sustitutivos de suspensión condicional de la pena o prisión domiciliaria, por lo que la sentencia se cumplirá en centro penitenciario bajo custodia del Inpec.
El escándalo del “carrusel de la contratación” involucró a altos funcionarios, contratistas y particulares que, a cambio de sobornos y comisiones, direccionaron contratos de infraestructura y servicios públicos en la capital durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
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La condena reafirma la responsabilidad penal de uno de los protagonistas de uno de los casos de corrupción más controvertidos en la historia de la capital colombiana.
Corte Suprema confirmó condena contra Liliana Pardo Gaona por cohecho en el ‘carrusel de la contratación’
El 2 de marzo de 2026, se conoció que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, por cohecho propio en el caso del carrusel de la contratación.
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La Sala Penal ratificó la pena de 108 meses de prisión, una multa de 99,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv) y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, en relación con contratos de valorización en la capital.
En la misma sentencia, la Corte absolvió a la exfuncionaria por los cargos asociados a la licitación de la malla vial.
De acuerdo con el fallo, la prueba no acreditó la entrega de información privilegiada ni la existencia de un acuerdo corrupto atribuible a Pardo Gaona en la licitación de la malla vial.
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La Sala Penal explicó que la insuficiencia probatoria y el principio de duda razonable llevaron a la absolución en ese aspecto.
En contraste, la Sala Penal encontró que Pardo Gaona aceptó un beneficio indebido a cambio de direccionar contratos de valorización, conducta que configuró el delito de cohecho propio.
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El tribunal señaló la existencia de reuniones entre funcionarios y contratistas, entrega anticipada de información privilegiada y ajustes contractuales para favorecer a consorcios vinculados al esquema de corrupción.
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