Contraloría pone la lupa al PAE por millonarios sobrecostos y denuncias laborales reiteradas

Las cifras no cuadran y las alertas se acumulan alrededor del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Un informe de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa la forma en que se están manejando los recursos y las condiciones laborales dentro de uno de los programas sociales más sensibles del país.

El documento no solo habla de dinero. También reveló una cadena de denuncias que, con el paso de los meses, fue creciendo hasta convertirse en un patrón difícil de ignorar. Entre 2024 y 2025, ciudadanos de distintas regiones acudieron a los canales oficiales para reportar fallas que van desde retrasos en pagos hasta irregularidades en la contratación.

En ese universo de quejas, hay un grupo que aparece de forma reiterada: las manipuladoras de alimentos. Son ellas quienes, según la Contraloría, estarían asumiendo las consecuencias más directas de las fallas del sistema, en medio de condiciones laborales que generan preocupación.

“Entre los años 2024 y 2025, se identificaron más de mil (1.069) reportes de peticiones ciudadanas asociadas al PAE, de las cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral, incluyendo retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación”, dijo el comunicado de la Contraloría.

La entidad también advirtió que no se trata de hechos aislados. “Cerca de medio centenar de estas denuncias hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que permite advertir un patrón que trasciende lo anecdótico”, añadió el informe, reforzando la idea de que el problema tiene un carácter estructural.

Pero las irregularidades no terminan en el frente laboral. Las auditorías adelantadas por el ente de control fiscal durante 2025 encendieron otra alarma: la del manejo de los recursos. “Durante la vigencia 2025, se detectaron cerca de 30 hallazgos en las Auditorías de Cumplimiento a nivel nacional”, de los cuales 20 son “por más de $18.600 millones por presuntos sobrecostos en el PAE”.

Detrás de esas cifras, la Contraloría planteó una hipótesis inquietante sobre la destinación del dinero público. Según el informe, al parecer, “no se le paga lo justo a las manipuladoras y los operadores de los programas se quedan con esos recursos que el Estado ya ha pagado para que se les brinde un salario digno”.

El panorama se amplía cuando se revisa un periodo más largo. “Entre 2022 y 2025, se han determinado 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $49.662 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país”, señaló el comunicado. En ese total, los sobrecostos concentran la mayor parte de las irregularidades: “estas deficiencias obedecen a sobrecostos los cuales representaron $33.000 millones, es decir el 67% de todos los resultados fiscales. Otros relevantes se encuentran asociados al desarrollo y ejecución contractual (17%)“.

La distribución geográfica de los hallazgos también deja ver focos críticos. “Las regiones que presentan los resultados fiscales más preocupantes son la Centro Oriente (13.000 millones) y Caribe( $11.000 millones)“, precisa la entidad. En paralelo, el seguimiento a las condiciones de contratación vuelve a poner sobre la mesa prácticas que, aunque recurrentes, siguen generando dudas. El informe advierte que se han identificado “presuntas falencias en la formalización de los vínculos contractuales, retrasos en el pago de las remuneraciones y condiciones de inestabilidad laboral“.

Además, hay un elemento que se repite en distintos territorios y que podría explicar parte del problema. Según la Contraloría, “se han identificado prácticas asociadas a esquemas de vinculación recurrentes por periodos aproximados de cuatro meses“. Esto, lejos de ser un detalle menor, podría tener implicaciones de fondo.

De hecho, el organismo va más allá y plantea un posible uso estratégico de estas modalidades de contratación. “Esta dinámica podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y diluir las obligaciones asociadas al reconocimiento integral de derechos, particularmente en lo relacionado con la afiliación y el pago de la seguridad social”. El informe, en suma, deja un mensaje claro: las fallas en el PAE no son nuevas, pero sí persistentes. Y aunque el programa sigue siendo clave para garantizar la alimentación de miles de estudiantes en Colombia, las alertas de la Contraloría evidencian que aún hay grietas profundas en su ejecución que están lejos de resolverse.