La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) alista una solicitud formal ante el Ministerio del Trabajo para que se investigue a varios clubes del fútbol profesional colombiano por una presunta irregularidad que vuelve a encender el debate sobre la formalización laboral en el deporte: la existencia de futbolistas que estarían compitiendo sin contrato laboral vigente.
La situación, que involucra al fútbol femenino, ha generado preocupación dentro del gremio, al punto de motivar una intervención directa de las autoridades. En este contexto, el presidente de Acolfutpro, Carlos González Puche, advierte que el tema no es menor y que existe un sustento jurídico que, según él, obliga al Estado a actuar.
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“Nosotros sabemos que existe un mandato legal a través de decisiones de la Corte Constitucional en la cual el Ministerio del Deporte, previo a la expedición de reglamentos y estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, debe exigir el control de legalidad”, explicó González Puche en entrevista exclusiva. Según su postura, este control no es opcional y debió implementarse desde 2024 para garantizar que los clubes cumplan con las obligaciones laborales mínimas exigidas por la ley.
Dentro de la solicitud que será radicada, Acolfutpro señala a los equipos Once Caldas, Nacional, Real Santander, Orsomarso, Cortuluá, Medellín, Bucaramanga, Llaneros y Fortaleza, como posibles casos a revisar por la contratación de jugadoras en condición irregular. El dirigente gremial sostiene que la situación no puede seguir tratándose como un asunto menor dentro del sistema deportivo colombiano, especialmente cuando se trata de deportistas profesionales que cumplen funciones equivalentes a las de cualquier trabajador formal.
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“Nosotros les solicitamos derecho de petición, donde redujeron a 25 inscritos para poder participar. Dicen que sí, que es constitucional. Entonces yo le digo, es complejo que eso sea constitucional”, agregó González Puche, al referirse a decisiones administrativas que, a su juicio, podrían estar limitando el acceso pleno a condiciones laborales dignas dentro del fútbol profesional femenino.

Artículo 39 de la Ley Laboral
Uno de los puntos más fuertes de la denuncia tiene que ver con la interpretación de la normativa laboral vigente. “Si usted revisa la ley laboral en su artículo 39, todos los deportistas profesionales que presten su servicio a clubes profesionales deberán ser vinculados mediante contrato especial. Todos deben tener contrato”, enfatizó. En esa línea, insistió en que no se trata de una interpretación ambigua, sino de una obligación clara establecida en la legislación deportiva colombiana.
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El líder gremial también explicó que, para que exista una relación laboral, deben cumplirse tres elementos esenciales: pago, subordinación y prestación personal del servicio. “Las mujeres que no tienen contrato sí cumplen con los tres requisitos, todo lo hacen igual que las que sí lo tienen. E incluso reciben algo de pago”, afirmó. En su concepto, esto evidencia una relación laboral encubierta que debería estar formalizada. “Eso no se lo dan por ser niñas bonitas. Distinto con los contratistas independientes que no están subordinados”, agregó.
El mayor riesgo que expone esta denuncia
El problema, según Acolfutpro, se agrava cuando se analiza el riesgo al que están expuestas las jugadoras. “Si esas futbolistas se lesionan, ¿quién responde por ellas, si no tienen seguridad social?”, cuestionó González Puche, advirtiendo que la ausencia de contratos deja a las deportistas en una situación de vulnerabilidad. Frente a los argumentos económicos de algunos clubes, fue enfático: “Los directivos dicen no es que no hay plata. Pues yo no creo que Nacional se vaya a quebrar por hacer esos contratos”.
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En el trasfondo de esta denuncia también se cruza un debate más amplio sobre la igualdad y la posible discriminación en el fútbol profesional colombiano. De hecho, el tema ha tomado relevancia pública tras discusiones recientes en redes sociales y declaraciones políticas, como las que han rodeado a la representante Catherine Juvinao y al Ministerio del Trabajo, en el que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar condiciones laborales justas en el fútbol femenino, según reportes de prensa nacional como el publicado por Infobae.

Con esta acción, Acolfutpro busca que el Ministerio del Trabajo abra investigaciones formales que permitan determinar si efectivamente existe incumplimiento de la normativa laboral en los clubes señalados. De confirmarse las irregularidades, el caso podría derivar en sanciones y en la exigencia de procesos de formalización inmediata. Más allá de los nombres de los equipos involucrados, el debate deja en evidencia una discusión estructural: la profesionalización real del fútbol femenino en Colombia y el cumplimiento efectivo de los derechos laborales de sus protagonistas.
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