El inicio de una revisión interna rigurosa del caso de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol tras la imputación de cargos por supuesto tráfico de influencias, fue anunciado por la junta directiva a través de la Superintendencia Financiera el miércoles 11 de marzo de 2026.
El máximo órgano de la compañía, controlada por el Estado colombiano, sostuvo que el proceso busca salvaguardar la confianza de los inversionistas y mantener la estabilidad de los valores en el mercado ante un hecho que pone bajo escrutinio el gobierno corporativo de una de las principales empresas cotizadas del país.
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Según un comunicado divulgado por la junta directiva de Ecopetrol, la imputación formal contra Roa no equivale a una condena legal ni desvirtúa su presunción de inocencia, pero activa un protocolo de análisis detallado de la situación.
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“La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso. En sesión universal adelantada el día de hoy determinó que, en cumplimiento del deber fiduciario (Ley 222 de 1995, Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno), seguirá actuando conforme con la debida diligencia y el protocolo establecido para ello, que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto”, precisa el escrito.
Y puntualiza: “La Junta Directiva ha recibido de forma oportuna y completa información por parte de la administración y ha estado acompañada de firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional”.
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Sin embargo, el órgano ejecutivo explicó que “en la legislación colombiana la imputación es un acto de comunicación que tiene el efecto de vincular formalmente al proceso penal al señor Ricardo Roa, dar a conocer los hechos materia de investigación, las consecuencias jurídicas de los mismos y activar el derecho de defensa”.
El documento remarcó que la junta respetará en todo momento la presunción de inocencia y los derechos procesales de Roa, al tiempo que enfatizó que la responsabilidad institucional impone actuar de conformidad con los protocolos definidos para estas circunstancias.
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La junta de Ecopetrol anuncia seguimiento al impacto financiero y revisa la continuidad de su presidente
Tras una sesión universal realizada luego de la audiencia judicial en el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, la junta directiva de Ecopetrol puso en marcha mecanismos de evaluación objetiva y documentada. Los directores reportaron contar con información suministrada tanto por la administración de la empresa como por firmas de consultoría nacionales e internacionales especializadas, para completar el análisis de los posibles impactos.
Uno de los puntos destacados fue el compromiso de mantener un monitoreo permanente de la información financiera de la compañía. El órgano máximo de dirección expresó que deliberará hasta adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad de Ricardo Roa con las obligaciones regulatorias de la empresa. La prioridad es realizar los correctivos necesarios sobre las consecuencias que pueda causar la investigación a Roa.
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Por lo tanto, seguirá haciendo un pormenorizado y juicioso seguimiento de la información financiera para analizarla y tomar los correctivos del impacto que pudiera generar la situación del presidente sobre los valores de la compañía y continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad de Roa con las obligaciones regulatorias de la compañía, conforme a los deberes fiduciarios de este órgano de administración.
La junta directiva reiteró, además, el propósito de “garantizar la confianza de los inversionistas y de los grupos de interés, al igual que asegurar la sostenibilidad financiera, los valores y la gobernanza de la empresa”. Este pronunciamiento marca una fase de escrutinio intensivo sobre la gestión y el futuro liderazgo de la petrolera más importante de Colombia, en un contexto donde la transparencia y la solidez institucional se consideran factores cruciales para sostener la confianza del mercado.
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