En la Ungrd no se permite ningún tipo de presión o constreñimiento hacia funcionarios o contratistas en el marco del proceso electoral.
La dirección general habilitó canales específicos para denunciar irregularidades y reiteró la garantía de trasladar de inmediato cualquier caso a los entes de control.
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La dirección de la Ungrd manifestó de forma pública su rechazo a las prácticas de presión política en el contexto de las elecciones programadas para el 8 de marzo. El llamado subraya la importancia de mantener la gestión del riesgo y la labor humanitaria alejadas de intereses partidistas, reafirmando la neutralidad institucional y el derecho de los funcionarios a ejercer su voto libremente.
Carlos Carrillo pide denunciar presiones electorales en la Ungrd
El director general, Carlos Carrillo, transmitió un mensaje directo a todos los trabajadores: “No acepten presiones de ningún tipo. Que el candidato es del partido del que sea. ¡No! Ustedes votan por quienes a ustedes se les antoje. ¿Estamos claros?”.
Carrillo enfatizó que, desde su llegada a la dirección, asumió el compromiso de eliminar los malos hábitos históricos. “Mi compromiso cuando asumí la dirección de esta entidad fue erradicar las malas prácticas que imperaban aquí”.
El funcionario fue contundente respecto a quienes, según él, buscan perpetuar comportamientos alejados de la legalidad dentro de la organización: “Que algunos han querido protegerlas, cuidarlas, seguir haciendo sus torcidos, bueno, eso es algo que la justicia determinará quiénes son los responsables y nosotros desde acá denunciamos”.
Asimismo, reiteró que cada uno de los trabajadores tiene el derecho de elegir libremente por quién votar el 8 de marzo. Añadió: “Quiero invitarlos a que ustedes hagan las denuncias, a que tengan la absoluta tranquilidad de que esta dirección va a coger esas denuncias y les va a dar traslado a las autoridades pertinentes”.
La Ungrd mantiene su postura de integridad institucional y defensa de procesos democráticos, priorizando la protección y el respaldo a quienes sirven en la entidad ante posibles injerencias o presiones de índole política.
La dirección remarcó que la determinación de cualquier responsabilidad corresponde a la justicia. Insistió en que la autonomía y la transparencia deben ser elementos inquebrantables para todos los trabajadores de la organización.
El grupo de contratistas del Estado denuncia presuntas presiones políticas y exigencias económicas en contratos
Un grupo de más de 470 contratistas del Estado colombiano denunció ante la Procuraduría General de la Nación presiones políticas y exigencias económicas provenientes de entidades públicas, en el contexto de las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026, según compartió Semana.
El grupo asegura que la renovación de los contratos laborales estaría supeditada a la participación en actividades proselitistas a favor de Leonidas Name, candidato al Senado y sobrino del ex presidente del Senado, Iván Name.
Según la denuncia mencionada por el medio citado, los empleados temen perder sus fuentes de ingreso, ya que la continuidad de sus contratos depende de involucrarse en campañas políticas.
El expediente, presentado presuntmanete el 27 de febrero, documenta “exigencias de aportes económicos y participación obligatoria en campañas políticas bajo amenaza de no renovación contractual”, según afirmó el medio ya mencionado.
Quienes presentaron la denuncia señalan que en ocasiones los contratistas deben entregar parte de sus honorarios para financiar campañas al Senado y la Cámara de Representantes. Según Semana, negarse a participar en “volanteos” o en actos políticos ha provocado advertencias sobre la continuidad del vínculo laboral.
El texto entregado a la Procuraduría describe el uso de una lista de invitados, que obliga a los contratistas a consignar nombres, números de identificación, teléfonos y redes sociales de allegados, quienes posteriormente reciben invitaciones para asistir a actividades proselitistas en respaldo de determinados candidatos.
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