Defensoría del Pueblo se refirió al caso de la patrullera en Chocó que fue retenida por esta “mal peinada”: “Rechazamos de toda forma de violencia basada en género”

Un incidente registrado a través de un video durante una revisión interna en la madrugada del 4 de marzo de 2026 reveló el momento en que Winy Saray Córdoba Murillo, patrullera asignada a la estación de Policía de Quibdó (Chocó), terminó esposada después de una confrontación con un oficial superior.

Frente a este caso, la Defensoría del Pueblo se pronunció por medio de un comunicado en su cuenta de X asegurando que tiene pleno conocimiento del caso y que se esta siguiendo el debido proceso junto a la joven.

“La Defensoría del Pueblo informa a la opinión pública que ha tenido conocimiento del caso de la patrullera Winny Saray Córdoba Murillo, quien habría sido agredida por un superior en el Comando de Policía del Departamento del Chocó y a quien la Entidad ha brindado acompañamiento, orientación y representación jurídica desde las primeras audiencias”, expresó la entidad.

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Mientras el video, grabado por el propio uniformado presente, documentó la escalada del altercado hacia acusaciones de insubordinación y agresión, la Defensoría del Pueblo enfatizó su rechazo ante comportamientos de ese tipo, enfatizando: “Rechazamos de manera categórica toda forma de violencia basada en género en el ámbito institucional”.

La entidad alertó además sobre el aumento de denuncias recientes por parte de mujeres policías en la Regional Chocó, quienes señalan experiencias de acoso laboral, violencia institucional y potenciales actos de discriminación racial.

Ante esa situación, la Defensoría resaltó que “mantiene un seguimiento integral a estos casos para garantizar la protección de los derechos de las servidoras públicas, promover entornos laborales seguros, libres de violencia y discriminación”.

Finalmente, sumó una exigencia dirigida a las instancias correspondientes: “Exigimos a las autoridades competentes la investigación y sanción diligente de cualquier vulneración a la dignidad humana”.

Policía se refirió al caso de la patrullera que fue capturada

Una revisión de rutina en la madrugada del 4 de marzo de 2026 en la estación de Policía de Quibdó, Chocó, terminó en la captura y el traslado al comando departamental de la patrullera Winy Saray Córdoba Murillo, quien enfrenta cargos de insubordinación y agresión a un superior, causales que según la Ley 2196 de 2022 podrían llevar a su destitución definitiva y a una inhabilidad de hasta 20 años para ejercer cargos públicos, de demostrarse dolo en su conducta.

El episodio, documentado en un video grabado por el mayor a cargo del operativo, desencadenó un debate público sobre la autoridad, la jerarquía interna y el trato que reciben los integrantes de la Policía Nacional.

Las imágenes, tomadas por el mayor Jeison Dulce, muestran la secuencia que detonó el incidente, iniciada hacia las 5:10 a. m. durante una revista a las instalaciones. Dulce relató que ingresó al área interna de la estación para acceder a los baños cuando observó a la patrullera “en una actitud displicente recostada sobre la mesa manipulando su celular”.

El oficial llamó la atención de Córdoba Murillo, señalando, según la grabación: “Le estoy dando una orden, voltéese (...) No está peinada (...) cállese”. La agente respondió: “Yo estoy peinada, llegué al primer turno. No me venga a callar, me hace el favor y me respeta”. Tras este intercambio, el reporte afirma que la patrullera “me encara de forma desafiante y arremete contra mi integridad tirándome golpes y bajando el celular, por lo cual no fue posible grabar más”.

Otros uniformados intervinieron. El subintendente Jaime Mayoral y el patrullero Kevin Zabaleta colaboraron para reducir y esposar a Córdoba Murillo, procedimiento que, de acuerdo al reporte oficial, buscó “realizar el mínimo daño posible”, aunque la agente “seguía intentando agredir con cabezazos”.

Posteriormente, a la patrullera se le leyeron los derechos y fue llevada bajo custodia al hospital para garantizar su estado de salud. Se le ofreció el acompañamiento de infancia y adolescencia al tener una hija menor, pero no brindó su dirección.

Los hechos llevaron a la apertura de un proceso disciplinario en el que Córdoba Murillo afronta acusaciones por insubordinación y agresión a un superior. El Estatuto Disciplinario Policial, reglamentado por la Ley 2196 de 2022, determina que estas faltas clasifican como “gravísimas” dentro del cuerpo policial.

La ley contempla sanciones severas cuando estas conductas se cometen con dolo: destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos durante un periodo entre 10 y 20 años. Si la falta resulta de una culpa gravísima, la sanción es suspensión e inhabilidad especial de seis a 12 meses, sin derecho a remuneración.

Adicionalmente, estos actos constituyen delitos bajo la jurisdicción penal militar. El Código Penal Militar prevé penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes incurran en agresión a un superior o en insubordinación en el ejercicio de funciones policiales.