El reciente enfrentamiento en Colombia por el presunto aumento desproporcionado de contratos por prestación de servicios en la Superintendencia de Salud se agudizó tras una denuncia del congresista Andrés Forero.
El parlamentario acusó a la entidad y a su titular, Bernardo Camacho Rodríguez, de privilegiar la contratación política sobre la gestión en salud. Por su parte, la Superintendencia afirmó que las cifras presentadas por Forero fueron sacadas de contexto y obedecen a una reestructuración institucional para ampliar funciones, en díalogos con Semana.
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La respuesta del superintendente de Salud a las acusaciones de incremento en los contratos por prestación de servicios fue subrayar que las cifras divulgadas no reflejan correctamente la realidad de la entidad.
Argumentó que en 2022 una parte de los contratistas pasó a planta, reduciendo temporalmente los contratos externos, y que el crecimiento posterior respondió a la ampliación de funciones y necesidades de vigilancia, según recogió Semana.
Andrés Forero difundió en su cuenta de X (antes Twitter) que la contratación “pasó de 57 contratistas, con un gasto de $4.473 millones en 2022, a 467 contratistas para 2026, con un costo de $46.703 millones”.
El congresista del Centro Democrático, opositor al Gobierno nacional, sostuvo que estos valores demuestran la “prioridad” de la entidad en formar “ejércitos electorales” y criticó lo que describió como “derroche”, asegurando: “Su prioridad no es la salud, sino contratar ejércitos electorales. Y en medio del derroche #MuerenPacientes”.
Argumentos del superintendente Bernardo Camacho sobre la contratación en la Superintendencia de Salud
El superintendente de Salud, Bernardo Camacho Rodríguez, replicó que la comparación utilizada por Forero entre los años 2022 y 2026 resulta engañosa. Explicó que durante 2022, muchos contratistas pasaron a integrar la planta de la institución, lo que ocasionó una disminución temporal en la contratación por prestación de servicios.
Según la posición institucional difundida por Semana, la reciente ampliación de funciones de la Superintendencia obligó a reorganizar la estructura y reforzar las tareas de inspección, vigilancia y control.
La entidad precisa que el incremento de contratos no responde a intereses electorales, sino a la necesidad de fortalecer el acompañamiento y monitoreo en todo el sistema de salud.
Nueva estructura y funciones en la Superintendencia de Salud
Como parte del proceso de reorganización, la Superintendencia incorporó nuevos profesionales y técnicos para ampliar las auditorías y reforzar los mecanismos de vigilancia en el sector.
De acuerdo con la explicación oficial recogida por Semana, estos perfiles se incorporaron para mejorar la asistencia técnica a aseguradores y prestadores sanitarios, y responder de manera más efectiva al aumento de exigencias regulatorias.
El propósito principal de estas transformaciones es evitar interrupciones en los servicios y garantizar el acceso continuo de la población a la atención médica. Con el rediseño de la entidad, la administración actual espera elevar la capacidad de vigilancia y asistencia técnica a escala nacional en beneficio del sistema de salud colombiano.
Nueva EPS absorberá la mayoría de los traslados y dominará gran parte del territorio
El informe del Ministerio de Salud revela que Nueva EPS será el principal receptor de los afiliados desplazados, sumando aproximadamente 2,84 millones de nuevos usuarios en todo el país.
A modo de ejemplo, en El Doncello (Caquetá), la entidad pasará de 3.055 a 18.325 afiliados, mientras que en Córdoba (Bolívar), los usuarios aumentarán de 143 a 14.841.
En Canalete (Córdoba), la cifra crecerá de 2.553 a 19.176 personas. Otros municipios como Saravena (Arauca) y Cáqueza (Cundinamarca) también experimentarán incrementos sustanciales, con Nueva EPS ascendiendo a 66.327 y 17.107 afiliados, respectivamente. Esta tendencia se repite en distintos departamentos, entre ellos Nariño, Bolívar, Meta, Huila, Santander y Boyacá.
El documento precisa que la reorganización abarca tanto el régimen contributivo como el subsidiado, delimitando claramente en cada municipio qué aseguradoras podrán operar y cuáles pierden autorización. El rediseño responde al modelo territorial instaurado por el Decreto 0182 de 2026.
Cambios en la presencia territorial de las EPS en las principales ciudades
La capital, Bogotá, mantendrá en el régimen contributivo a Aliansalud, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Famisanar, Capital Salud y Nueva EPS, excluyendo a Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi, Fundación Salud Mía y SOS. En el régimen subsidiado operarán las mismas con la adición de Mallamas, mientras que quedarán fuera Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi y la EPS Familiar de Colombia.
En Medellín, las EPS habilitadas para el contributivo serán Sura, Salud Total, Savia Salud y Nueva EPS. Sanitas, SOS y Coosalud no tendrán autorización. Para el subsidiado, figuran Nueva EPS, Salud Total, Sura y Savia Salud, dejando fuera a Sanitas y Coosalud.
En Cali, en el régimen subsidiado estarán autorizadas Comfenalco Valle, Coosalud, Nueva EPS, SOS, Emssanar, Sura, Sanitas, Salud Total y Mallamas. Quedan excluidas Famisanar, Asmet Salud y la EPS Familiar de Colombia. El régimen contributivo permitirá la operación de Comfenalco Valle, Coosalud, Nueva EPS, SOS, Sura, Sanitas, Salud Total, Emssanar y Mallamas.
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