Propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para cambiar cálculo del precio de vivienda VIS genera preocupación: por qué la Contraloría convocó a una mesa técnica

La Contraloría General de la República de Colombia analizó el impacto del alza del salario mínimo para 2026 y la propuesta de desvincular el valor de las viviendas de interés social y prioritario de dicho indicador, optando por fijarlo directamente en pesos colombianos. Esta medida afectaría a más de la mitad del mercado inmobiliario colombiano.

De acuerdo con la entidad, el proyecto de decreto establece que los topes serán de ciento treinta y cinco salarios mínimos para vivienda de interés social y noventa salarios mínimos para vivienda de interés prioritario.

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No obstante, persiste la incertidumbre respecto al futuro de los negocios ya firmados y en ejecución, los cuales están estructurados en función de salarios mínimos.

El delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, José María Borrás, detalló que la situación plantea dudas, ya que “el Gobierno nacional no ha definido qué va a pasar con ellos, aquellos proyectos que están fijados en salarios mínimos”.

Ante este panorama, se anunció un seguimiento periódico a la iniciativa, dado que afecta de forma directa a miles de colombianos.

Durante la mesa técnica, se identificó que la decisión de fijar los precios en pesos desde la firma de la separación o la promesa de compraventa —en lugar de usar el salario mínimo vigente al momento de escrituración— tendría un amplio efecto en el mercado inmobiliario colombiano.

Según las cifras discutidas y citadas por El Tiempo, el segmento VIS abarca más de la mitad de las operaciones de vivienda nueva, con más de 100.000 viviendas comercializadas al año.

La Contraloría expresó inquietudes sobre los proyectos estructurados bajo el esquema anterior, que establecía precios con base en el salario mínimo, y advirtió la falta de una ruta definida por parte del Gobierno Nacional para mitigar posibles afectaciones a compradores y desarrolladores de estos proyectos.

El organismo de control anunció que mantendrá el seguimiento periódico sobre la evolución del decreto debido a su impacto directo en la población.

Divergencias entre Gobierno y sector constructor sobre el efecto real de la medida

Mientras la ministra de Vivienda Helga Rivas defendió que la medida no representa un control de precios impuesto desde el Gobierno, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, manifestó una postura crítica.

Herrera afirmó en declaraciones recogidas por El Tiempo que el Ejecutivo intenta implementar “un control de precios a la vivienda en Colombia”, calificándolo de ilegal e improvisado: “De manera ilegal e improvisada, el Gobierno está implementando un control de precios a la vivienda de interés social simplemente para justificar el impacto inflacionario del ajuste del salario mínimo”.

El borrador del decreto que plantea estos cambios en la fijación de precios para la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) fue publicado por el Gobierno nacional el 20 de febrero, como parte del proceso de discusión normativa previo a su eventual adopción.

La iniciativa hace parte de la política de vivienda impulsada por la administración del presidente Gustavo Petro y propone modificar la forma en que se establecen los valores de este tipo de proyectos, al pasar de un esquema basado en el salario mínimo a uno definido directamente en pesos colombianos desde las primeras etapas del negocio jurídico.

La propuesta ha generado un amplio debate entre entidades del Estado, autoridades de control y representantes del sector constructor, debido al impacto que podría tener en el mercado inmobiliario y en los programas destinados a facilitar el acceso a vivienda para hogares de ingresos bajos y medios.

Desde el Gobierno, la ministra Helga Rivas Ardila ha defendido que el objetivo de la medida es fortalecer la protección de los compradores y brindar mayor transparencia en la información sobre el precio final de las viviendas desde el inicio del proceso de adquisición.

En contraste, gremios del sector como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) han manifestado preocupaciones sobre los posibles efectos que el cambio metodológico podría generar en la estructuración financiera de los proyectos VIS y VIP, así como en la dinámica de la oferta de vivienda nueva.