La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, se presentó este lunes 23 de febrero ante el Consejo de Estado en la audiencia por pérdida de investidura, relacionada con el polémico traslado de cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá a un evento público con el presidente Gustavo Petro en junio de 2025 en Medellín.
Durante la diligencia, Zuleta negó haber presionado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y argumentó que su papel se limitó a una solicitud escrita, dejando la responsabilidad operativa y legal del traslado a la entidad penitenciaria. La congresista afirmó que su intervención se enmarcó en su rol como coordinadora de la Mesa de Paz Urbana, designada por el Gobierno Nacional, y no por su investidura legislativa.
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“Yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie, hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente”, señaló Zuleta ante los magistrados según El Colombiano.
Controversia por el evento de La Alpujarra
El traslado de los internos de alto perfil, entre ellos José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas), Juan Carlos Mesa Vallejo (alias Tom) y Freyner Alfonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre), generó rechazo público y calificativos de “burla a la justicia” por parte de críticos y autoridades locales.
De acuerdo con el mismo medio, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, denunció que los argumentos de la defensa de Zuleta son “un insulto a la inteligencia de los colombianos y una burla absoluta a la justicia”. Tobón ya había presentado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por presunta usurpación de función pública, señalando que la senadora habría evidenciado un aprovechamiento indebido de su influencia.
La posición del Ministerio Público y la Procuraduría
El procurador delegado Carlos José Holguín Molina solicitó a la sala negar la pérdida de investidura, señalando que no se configuraron los elementos del tráfico de influencias, ya que Zuleta no actuó en su rol de congresista sino como coordinadora de la Mesa de Paz Urbana.
El Ministerio Público argumentó que no existió beneficio económico o dádiva y que la Resolución 452 de 2024, que designa representantes del Gobierno para estos diálogos, otorgó facultades amplias a la coordinadora para realizar actos necesarios para entablar conversaciones de paz.
Por su parte, el abogado de Zuleta, Jaime Jurado Alvarán, insistió en que el Inpec tiene la autonomía legal para los traslados de internos, y que la senadora actuó bajo las facultades delegadas por el presidente Gustavo Petro.
Demandantes sostienen que hubo tráfico de influencias
Los abogados William Francisco Quintero Villarreal y Jhon Ernesto Pérez Becerra consideran que la senadora abusó de su posición como congresista para gestionar el traslado de los privados de la libertad. Pérez Becerra indicó que, aunque Zuleta fuera coordinadora de la Mesa de Paz, no podía suspender o neutralizar un mandato constitucional superior, y que su actuación representó una violación al régimen de incompatibilidades.
Recuento del polémico “tarimazo”
El 21 de junio de 2025, durante un acto en la plaza de La Alpujarra, se evidenció la presencia de varios cabecillas criminales junto al presidente Petro, trasladados desde la cárcel La Paz de Itagüí. Este hecho desató rechazo de autoridades locales, incluido el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, quienes calificaron el evento como una afrenta y amenaza directa a la seguridad y la justicia.
El traslado se formalizó mediante la Resolución 0058 del Inpec, emitida el 19 de junio, luego del oficio enviado por la senadora, lo que generó investigaciones disciplinarias y penales, incluyendo la demanda de pérdida de investidura y denuncias ante la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué implica la pérdida de investidura?
En Colombia, la pérdida de investidura es una sanción de “muerte política” que retira de manera definitiva a congresistas que incurren en tráfico de influencias o violan el régimen de incompatibilidades. En este caso, el Consejo de Estado decidirá si Zuleta mantiene su cargo o pierde su investidura por el polémico episodio del “tarimazo”.
Palabras finales de Zuleta en la audiencia
La congresista aseguró que los traslados buscaban avanzar en procesos de paz, sin beneficio personal, y recordó que otros parlamentarios, como Iván Cepeda, Roy Barreras y David Racero, han realizado solicitudes similares en contextos de diálogo con privados de la libertad.
“hice una solicitud respetuosa, yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie; hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente para que pudiesen participar estas personas, que como ustedes pueden constatar, no solamente salieron, dieron su testimonio como correspondía a la ciudadanía, porque la paz es de todos, sino que además volvieron a su centro de reclusión”, puntualizó.
El Consejo de Estado evaluará ahora si los argumentos de la defensa, el respaldo de la Procuraduría y la autonomía del Inpec son suficientes para mantener la investidura de Isabel Cristina Zuleta o si procede la “muerte política”.
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