Judicializan a tres miembros de una familia acusados de estafar a 45 compradores de vivienda en Duitama, Boyacá

Un clan familiar fue señalado como presunto responsable de un esquema fraudulento que habría engañado a decenas de personas en Boyacá.

Según la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían captado la confianza de sus víctimas mediante promesas de acceso a vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias, estructurando una operación que se habría prolongado entre 2018 y 2024 y que dejó al descubierto la manera en que se repartían funciones para hacer creíble el engaño.

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La organización estaba integrada por Nelson Guarín Dueñas, su esposa Yolanda Lucía Divantoque Gómez y su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá)”, señaló el ente acusador.

Cada uno habría asumido tareas específicas: Guarín Dueñas se presentaba como representante legal de una constructora y era quien, de acuerdo con la Fiscalía, mostraba a los interesados los predios donde supuestamente se ejecutarían los desarrollos inmobiliarios, además de suscribir los contratos de compraventa.

Esta función reforzaba la percepción de legalidad ante los potenciales compradores. Por su parte, Divantoque Gómez y Guarín Divantoque habrían consolidado la apariencia de seriedad al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las autoridades competentes.

“Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024,se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas”, señaló la entidad.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema se habría basado en la oferta de proyectos inmobiliarios que no existían o carecían de licencias de construcción. Para persuadir a las víctimas, se ofrecían facilidades de pago que hacian atractivas las negociaciones.

Una vez captado el interés, los integrantes del clan solicitaban dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaban.

La combinación de contratos formales, exhibición de predios y documentación presuntamente avalada habría fortalecido el engaño y motivado a los interesados a entregar sus ahorros.

El impacto del presunto fraude, según la Fiscalía General de la Nación, habría alcanzado a por lo menos 45 personas, que entregaron fondos con la esperanza de acceder a una vivienda.

El monto total apropiado por el clan familiar ascendería a 1.536 millones de pesos, cifra que representa el esfuerzo de los afectados durante los seis años en que, presuntamente, operó el esquema. Los damnificados no solo habrían sufrido pérdidas patrimoniales, sino la frustración de ver frustradas sus expectativas habitacionales y la dificultad para detectar la estafa debido a la apariencia de legalidad.

La Fiscalía General de la Nación presentó a los tres implicados ante un juez de control de garantías e imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado por los señalados.

Nelson Guarín Dueñas quedó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que su esposa permanecerá privada de la libertad en su domicilio. El caso sigue en curso, a la espera de nuevas determinaciones judiciales y posibles reparaciones para las víctimas.

“Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia”, aseveró la Fiscalía.