La Fiscalía sigue sin autorización para interrogar al principal cabecilla del narco grupo Comando Frontera, vinculado a la UNP

La investigación judicial sobre una presunta red de narcotráfico en la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encuentra paralizada ante obstáculos administrativos y la falta de un testimonio fundamental.

Según Semana, la fiscal Magda Antury, titular de la Fiscalía 50 contra el narcotráfico, continúa sin poder entrevistar a Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera y quien está a la espera de una decisión sobre su extradición a Estados Unidos.

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De acuerdo con los investigadores, la declaración de alias Araña es clave para esclarecer cómo funcionaba la organización criminal, la cual, según indicios, habría infiltrado vehículos blindados oficiales de la UNP para el traslado de cocaína, contando con la cooperación de miembros señalados de la Policía Nacional y el Ejército.

La estructura de la red comenzó a descubrirse tras los testimonios de Manuel Castañeda, conocido como el “narcochofer”.

En declaraciones ante la Fiscalía, obtenidas por el medio mencionado, Castañeda describió cómo se utilizaban estos vehículos oficiales asignados a esquemas de seguridad para transportar cargamentos de droga. Sostuvo que la efectividad de las operaciones dependía de la colaboración de personas conocidas como alias J. J. y alias el Mono, quienes, según sus declaraciones, operaban con apoyo de integrantes de la Fuerza Pública.

Asimismo, Castañeda detalló los métodos de comunicación y los códigos empleados por la red. “Todas las comunicaciones con J. J. siempre se realizaron a través de Luis Carlos”, relató ante la Fiscalía. También afirmó que, para facilitar los traslados en zonas de conflicto como Caquetá, Putumayo y Huila, usaban frases clave como “se tenía que decir que iban de parte de Araña” al enfrentarse a grupos armados.

La mecánica de la organización incluía el uso de claves para informar a la Policía de Carreteras que en los vehículos transportaban músicos e instrumentos, ocultando así la verdadera carga.

Castañeda indicó que la red tenía un sistema para el pago de cuotas a generales del Ejército con el fin de asegurar libre circulación en áreas estratégicas. Ante la Fiscalía, aseguró que alias J. J. y alias el Mono ya han sido plenamente identificados, aunque es esencial para los investigadores determinar la relación entre ambos y alias Araña, incluso la posibilidad de un vínculo familiar directo.

El progreso de la investigación sigue limitado principalmente por procesos administrativos internos.

La fiscal Antury envió una solicitud a su superior inmediato, Raúl Humberto González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada, en busca de autorización para entrevistar a alias Araña, que permanece detenido.

Sin embargo, la Fiscalía ha reiterado que ese trámite corresponde a la Dirección de Asuntos Internacionales, lo que ha impedido avanzar en la diligencia, aunque la fiscal Antury cuenta con el respaldo del director especializado Willington Ortiz Páez.

Por su parte, alias Araña, identificado como el principal líder de los Comandos de Frontera, se encuentra en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, mientras se resuelve su envío a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

En meses recientes, este cabecilla criminal habría recibido beneficios carcelarios y un trato preferencial, tales como alojamiento en hoteles de Bogotá, no estar esposado en el búnker de la Fiscalía y acceso a instalaciones como el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) junto a otros internos de alto perfil, bajo el pretexto de estar involucrado en acercamientos con el Gobierno en el marco del proceso de paz total.

Fuentes del caso consultadas por Semana advierten que la demora en conseguir la declaración de alias Araña puede obstaculizar la emisión de órdenes de captura adicionales, aumentando el riesgo de fuga de otros integrantes de la red criminal y favoreciendo la impunidad, mientras los trámites continúan sin solución.

El uso de vehículos oficiales y recursos del Estado representó, según los testimonios, un elemento central para que esta estructura mafiosa funcionara y sus miembros pudieran garantizar el traslado seguro de los cargamentos ilícitos.